En un requerimiento que sacude a la industria acuícola nacional, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha solicitado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la aplicación de multas históricas, que rozan los 80 millones de dólares, contra las empresas productoras de alimentos para salmones Biomar, Skretting y Salmofood. La acusación es contundente: estas tres compañías habrían ejecutado un único y prolongado acuerdo anticompetitivo que distorsionó los precios de insumos clave para la salmonicultura chilena durante más de una década.
Según la grave imputación del ente fiscalizador, el supuesto cartel operó sin interrupción entre los años 2003 y 2015. Dada la magnitud de la duración del presunto ilícito y la seriedad de la conducta, la FNE ha exigido al TDLC que imponga a cada una de las tres firmas las máximas sanciones contempladas por la Ley vigente al momento de los hechos: 30 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) por empresa. En su conjunto, esta cifra asciende a más de $75.500 millones de pesos, equivalentes a unos US$79,8 millones.
La Trama del Cartel: De Precios Directos a Costos de Materias Primas
Eduardo Aguilera, subjefe de la División de Litigios de la FNE, fue el encargado de presentar ante el Tribunal la «abundante evidencia» reunida por la Fiscalía. Su exposición reveló cómo la coordinación entre estas poderosas empresas habría evolucionado con el tiempo. Inicialmente, la colusión se habría centrado en la fijación de valores o sus reajustes, a menudo mediante el intercambio de listas de precios. Sin embargo, al cabo de un par de años, el mecanismo de coordinación se sofisticó, enfocándose en los costos de las materias primas que cada compañía reportaba a sus clientes.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha solicitado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la aplicación de multas históricas, que rozan los 80 millones de dólares, contra las empresas productoras de alimentos para salmones Biomar, Skretting y Salmofood.
Los antecedentes que fundamentan esta acusación provienen de dos fuentes clave: por un lado, la valiosa información obtenida a través del mecanismo de delación compensada, donde la empresa Ewos colaboró con la investigación; por otro, las medidas de entrada y registro ejecutadas por la FNE en las oficinas de las compañías durante el proceso investigativo, que culminó a fines de 2019 con la interposición formal del requerimiento.
Aguilera detalló cómo correos electrónicos incautados y declaraciones recogidas durante la investigación permitieron reconstruir la forma en que las productoras de alimentos habrían materializado el acuerdo a lo largo de todo el periodo acusado. La FNE subraya que en esta compleja trama participaron los principales ejecutivos de cada una de las requeridas, incluyendo gerentes generales, comerciales y de compra, lo que se tradujo en una afectación directa y coordinada de los precios cobrados a sus clientes.
Este requerimiento marca un hito en la defensa de la libre competencia en un sector estratégico para la economía chilena, y abre una etapa crucial en la búsqueda de responsabilidades y sanciones por las presuntas prácticas colusorias.
SOJ
