Tras casi un año y medio de intenso debate legislativo, el proyecto marco de autorizaciones sectoriales, conocido popularmente como la ley «antipermisología», ha superado su último trámite en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas las modificaciones realizadas por el Senado, dejando la iniciativa lista para su promulgación y conversión en Ley de la República. Los cambios introducidos en la cámara alta recibieron un amplio respaldo, con 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones.
El objetivo central de esta propuesta del Ejecutivo, que complementa las reformas a los permisos medioambientales, es reducir los tiempos de tramitación de proyectos entre un 30% y un 70%, dependiendo de su magnitud. Para lograrlo, la nueva legislación modifica 380 autorizaciones sectoriales, las cuales están distribuidas en 37 servicios públicos y 16 ministerios.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, celebró la aprobación, destacando que «esto es algo muy importante para nosotros, creemos que se puede ser más eficiente, actuar de forma más rápida como Estado, al mismo tiempo que no se rebaja el estándar regulatorio».
Cambios Clave y Nueva Institucionalidad
Uno de los principales cambios del proyecto durante su paso por el Congreso fue la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales. Esta entidad, que estará al interior de la Subsecretaría de Economía, reemplazará la idea original de un nuevo servicio. Sus funciones principales serán coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema de permisos, impulsando además mesas regionales y la modernización continua de estos procesos.
Otro aspecto innovador es el debut de las «Técnicas Habilitantes Alternativas (THA)». Estas consistirán en declaraciones juradas o avisos que reemplazarán permisos de bajo riesgo, los cuales estarán sujetos a fiscalización ex post. En caso de detectarse fraude, se aplicarán severas sanciones. Grau explicó que «nuestro diagnóstico como Ejecutivo es que una de las razones principales de porqué los permisos sectoriales se demoran tanto en nuestro país, es porque los servicios sectoriales que están a cargo de entregar estos servicios están atochados revisando permisos que son de bajísimo riesgo”.
La nueva normativa también asegura un avance paralelo de las autorizaciones, impidiendo que un servicio exija como requisito tener otras aprobaciones previas para iniciar una tramitación, salvo que la ley lo indique expresamente. Complementariamente, se creará una ventanilla única digital para facilitar la entrada y seguimiento de todas las solicitudes de permisos.
Acogida Positiva del Mundo Empresarial, con Advertencias
Desde los gremios empresariales, la aprobación de la ley fue celebrada transversalmente como un «primer paso» crucial para reducir los tiempos de tramitación de proyectos de inversión.
Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), calificó la aprobación como «una buena noticia para Chile» y un «primer paso importante y necesario». Puso como ejemplo que, para una desaladora, la nueva ley podría reducir el tiempo de otorgamiento de permisos de ocho a seis años. «Es un avance y, a la vez, refleja que se puede hacer aún más para seguir avanzando en una mayor agilidad en la entrega de autorizaciones por parte de los organismos del Estado y en mayor certeza jurídica para los inversionistas”.
Desde Sofofa, su presidenta Rosario Navarro, si bien reconoció que «persiste la tarea en la mejora de permisos ambientales y sectoriales», valoró el despacho de la norma. “Se trata de una herramienta robusta que moderniza la institucionalidad, fortalece la certeza jurídica y entrega mejores condiciones para una inversión más eficiente y transparente”, señaló. No obstante, subrayó un doble desafío: «despejar la reserva de constitucionalidad; y asegurar una implementación oportuna y eficaz que permita materializar este esfuerzo legislativo”.
Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), también resaltó este hito como el punto de partida para solucionar la permisología en la inversión. Sin embargo, lamentó que «no se incluyeran lo relativo a la institucionalidad medioambiental y lo del Consejo de Monumentos Nacionales, que son los que más demoras causan en la tramitación de proyectos en la actualidad”.
Finalmente, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), si bien destacó la aprobación como un «primer paso» en un contexto donde los permisos mineros pueden demorar hasta 12 años, enfatizó que «este proyecto excluye la tramitación de permisos ambientales, que —subrayó— son la principal traba para la ejecución de proyectos por su demora en la obtención de permisos”.
La nueva ley, a la espera de su promulgación, promete ser un catalizador para una tramitación más ágil y eficiente de los proyectos de inversión en el país.
SOJ
