Fraude en el Sector Público: Sumarios por Licencias Médicas Falsas Se Disparan. $10.938 millones en Pérdidas para el Fisco


El escándalo por el mal uso de licencias médicas en la administración pública chilena sigue escalando, revelando cifras preocupantes y un impacto económico millonario para el Estado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell, presentó un segundo balance que actualiza el estado de los sumarios y la estimación de los fondos públicos comprometidos.

El informe inicial de la Contraloría General de la República (CGR), que sacudió los cimientos de la burocracia estatal al exponer a más de 25 mil funcionarios viajando fuera del país mientras gozaban de licencias entre 2023 y 2024, fue el detonante de esta profunda investigación. A raíz de ello, el Ministerio de Hacienda instruyó a todas las instituciones públicas a iniciar procesos disciplinarios y a informar sus avances en un plazo de 30 días.

Los funcionarios -a los que se le impartirán un sumarios administrativos- recibieron un total de $10.938 millones en remuneraciones pagadas fraudulentamente durante los períodos de ausencia.


Cifras Alarmantes: Miles de Sumarios y Millones de Pesos en Juego


Los datos actualizados son contundentes: se han identificado 8.814 funcionarios involucrados en casos de uso indebido de licencias solo en servicios de la Administración Central. Actualmente, 7.474 sumarios están en curso, afectando a 7.926 personas. La mayor concentración de estas investigaciones se encuentra en dos ministerios clave: Educación, con 3.353 sumarios, y Salud, con 2.428.

El contraste con el primer balance de mayo es notorio. Las instituciones han detectado 824 funcionarios adicionales involucrados y un incremento de 1.334 personas con sumarios ya iniciados o pendientes de inicio. Preocupa también que 1.468 funcionarios involucrados ya no presten servicios en las instituciones correspondientes, un aumento significativo respecto a los 1.102 registrados el mes anterior.

El ministro Marcel fue enfático al respecto: «Hay que recordar que el hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente, porque hay sanciones económicas, procede la devolución de los fondos y eventualmente situaciones penales de fraude al fisco que tienen que seguir su curso procesal.»


El Costo del Abuso: Más de $10 Mil Millones en Remuneraciones


La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, arrojó luz sobre el impacto económico directo de estas irregularidades. Se estima que los funcionarios bajo investigación recibieron, preliminarmente, $10.938 millones en remuneraciones durante los períodos de ausencia injustificada. La duración promedio de estas licencias se estableció en 18,9 días.

Marcel precisó que «los funcionarios a los que se impartirá el sumario recibieron aproximadamente $11 mil millones en remuneraciones durante los periodos de licencia. Ahora, esto es una cuota inferior porque se refiere solo a las remuneraciones de aquellos funcionarios que haciendo uso de licencias viajaron al exterior».

El ministro aprovechó para contextualizar el problema, advirtiendo que el abuso de licencias médicas va mucho más allá de estos viajes. Comparando la Administración Central con la situación prepandemia, Marcel señaló un promedio de «diez días más de licencia al año, lo que equivale a 32.000 jornadas completas de funcionarios, lo cual en términos de remuneraciones significan alrededor de US$ 350 millones. Esto solo respecto del sector público».

En un esfuerzo por colaborar con la transparencia, nueve instituciones de educación superior estatales están entregando información voluntariamente sobre sus procesos disciplinarios, que involucran a 11 funcionarios. Esta acción se alinea con las recomendaciones del Comité Nacional de Ausentismo, creado en marzo e integrado por los ministerios de Hacienda, Trabajo, ministerios sectoriales y la Mesa del Sector Público.


Medidas Adicionales y Próximos Pasos en la Lucha contra el Ausentismo


Martínez Fariña detalló las diversas estrategias que se están implementando para abordar el ausentismo en el sector público. Para la formulación de la Ley de Presupuesto de 2025, por ejemplo, se impuso una restricción a los servicios con altos niveles de ausentismo al solicitar mayor dotación. Además, los Comités Locales de Ausentismo ya están operativos, y el 26 de junio se emitieron los lineamientos para el abordaje integral del ausentismo en todos los servicios públicos, a través de la circular N°17.

Estos lineamientos se materializaron en el documento «Gestión del Ausentismo Laboral: Enfoque Normativo y Práctico», elaborado por el Servicio Civil y distribuido a todas las instituciones. El texto recuerda a los servicios las herramientas disponibles para el diagnóstico, prevención, gestión de licencias médicas y monitoreo de esta problemática, adaptándose a las particularidades de cada servicio a través de sus Comités Locales.

Cabe recordar que los sumarios administrativos son procesos que no se pueden obviar y que cuentan con etapas definidas: una investigación inicial de 20 a 60 días hábiles, un periodo para la presentación de descargos, la rendición de pruebas y una etapa final de impugnación.

Adicionalmente, el 2 de junio, la Contraloría instruyó a los servicios a solicitar directamente a la Policía de Investigaciones (PDI) la certificación oficial de las fechas de entrada y salida del país de los funcionarios, para así acreditar los hechos investigados. Hasta ayer, la PDI había recibido cerca de 1.500 solicitudes, de las cuales había respondido un 58%.

La directora de Presupuestos adelantó los próximos pasos: «De acuerdo a lo definido con el Comité Nacional de Ausentismo, nosotros mensualmente vamos a empezar a recibir la información de los servicios.» El próximo reporte incluirá detalles sobre las fases de los procesos en curso, las resoluciones de los jefes de servicio, las impugnaciones, los procesos enviados a Contraloría para toma de razón, y los procesos cerrados, diferenciando entre sanciones como multas, censura, suspensión, absolución o sobreseimiento.

El gobierno busca con estas medidas no solo recuperar los fondos perdidos, sino también restaurar la confianza pública y asegurar la eficiencia en la administración del Estado.

SOJ