El frío de la indolencia: Cuando la vivienda digna es una pesadilla. 51 familias de Los Ángeles, con casas mal construidas, enfrentan el intenso frío, filtraciones y las copiosas lluvias. Columna Pepo Sepúlveda

En un país que se precia de su compromiso social y de la protección a sus ciudadanos, resulta incomprensible y profundamente doloroso el calvario que viven 51 familias en Los Ángeles. Seis años de espera, trámites y promesas rotas para acceder a un derecho tan fundamental como la vivienda digna se han transformado en una tortura de goteras, frío y el fantasma del asbesto. No estamos hablando de un caso aislado, sino de un ejemplo flagrante de cómo la burocracia, la negligencia y la falta de empatía pueden destrozar la vida de quienes más necesitan el apoyo del Estado.

La historia de los comités Flores I y II es un reflejo de una falla sistémica. Familias que, con la esperanza de mejorar su calidad de vida y protegerse de las inclemencias del tiempo, postularon a un subsidio estatal para el mejoramiento térmico de sus hogares. Sin embargo, lo que recibieron a cambio fue un cúmulo de promesas incumplidas y obras paralizadas. Resulta inaudito que proyectos destinados a combatir la contaminación atmosférica y mejorar la salud de las personas terminen exponiéndolas a riesgos aún mayores, como la manipulación irresponsable de materiales tóxicos como el asbesto.

La desidia es tan palpable que las historias se repiten con una crueldad que estremece. Marta Montiel y su madre de 86 años, enferma de demencia, enfrentando la madrugada con baldes para contener las filtraciones en la cocina. Adultos mayores durmiendo con cubetas al lado de sus camas. Ventanas que no cierran. Y lo más trágico, vecinos que fallecieron esperando una solución, perdiendo con ellos el subsidio que tanto anhelaban. ¿Cómo es posible que se ignore de tal manera la dignidad y la vida de nuestros adultos mayores?

La justificación de los «recortes presupuestarios» y las «decisiones arbitrarias» no hace más que aumentar la indignación. Obligar a las familias a elegir entre un subsidio parcial o perder el beneficio por completo, sin darles la posibilidad de revisar los proyectos o de entender las implicaciones, es una burla a su inteligencia y a su necesidad. «Nosotros no somos ni ingenieros ni constructores», claman los vecinos, y tienen toda la razón. Su papel no es entender las complejidades de un proyecto mal gestionado, sino recibir la solución que se les prometió.

Adultos mayores han fallecido esperando los ultra prometidos arreglos de sus viviendas. ¿Cuántos más deben perecer abrigando la esperanza de la refacción, tantas veces prometida?

Y qué decir de la cadena de empresas fallidas. Dos constructoras que, una tras otra, han demostrado una incapacidad supina para manejar un proyecto de esta envergadura, especialmente en lo que respecta al asbesto. La negligencia de Constructora Arabar y Pocetti SPA, trabajando sin las medidas de seguridad adecuadas y presentando planes erróneos, es imperdonable. Pero la responsabilidad no recae solo en las empresas. ¿Dónde estaban la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el municipio en todo esto? y hoy ¿Dónde están los fiscalizadores cuando se pone en riesgo la salud de las familias? La omisión en el informe burocrático de rigor, ignorando cuatro años de paralización, solo añade más preguntas a esta lamentable situación.

Este no es un mero problema administrativo o de gestión de recursos; es una profunda herida social. Es la demostración de que, para algunos, la dignidad de las personas es un concepto maleable, sujeto a recortes y arbitrariedades. Es ver cómo la promesa de un hogar cálido y seguro se convierte en un infierno de humedad y frío. Que las familias no puedan siquiera reparar sus propias casas por temor a perder el subsidio es el colmo de la paradoja.

¿Cuántos inviernos más tienen que soportar estas 51 familias de Los Ángeles? ¿Cuántas noches sin dormir, vaciando baldes, esperando una solución que parece nunca llegar? Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad, no con promesas vacías, sino con acciones concretas y urgentes. La dignidad de estas familias no puede seguir esperando.

Pepo Sepúlveda Ormeño

Periodista-MBA-RRPP

Asesor Comunicacional

SOJ