Una sombra de sospecha se cierne sobre el Congreso chileno. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha interpuesto una querella criminal contra el diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (Ind. – Partido Demócrata), y contra todos quienes resulten responsables, por el grave delito de fraude al fisco. El organismo fiscalizador ha advertido que la investigación del Ministerio Público podría destapar «otros ilícitos» durante su curso.
Desvío de Fondos Públicos: El Corazón de la Acusación
La querella, presentada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, no solo apunta al parlamentario, sino que también se dirige contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein. Según el CDE, estos individuos habrían incurrido en una «serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la nación».
Los antecedentes de la investigación revelan un patrón de irregularidades. El CDE sostiene que la imputada Carla Graf, en una presunta colusión con el diputado Calisto, habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio. Estos contratos, destinados a apoyar la función parlamentaria a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, habrían conllevado pagos a honorarios que «no solo fueron incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada».
Contratos Fantasma y Campañas Políticas Bajo Sospecha
El organismo acusador va más allá, señalando que «existen múltiples antecedentes que dan cuenta que la querellada [Carla Graf Toledo] no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén, como alguien que prestaba servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región».
La acusación más contundente del CDE es lapidaria: «Carla Graf Toledo no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el querellado Calisto Águila, quien faltando a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de 100 millones de pesos en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó».
Además, la investigación ha detectado una serie de transferencias de dinero entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, que coinciden con épocas de campañas políticas en la región. El CDE sugiere que estos movimientos habrían tenido como objetivo «desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables».
La querella del CDE abre un nuevo y complejo capítulo judicial para el diputado Calisto y sus colaboradores, poniendo en el ojo del huracán el uso de los recursos públicos y la probidad en el ejercicio de la función parlamentaria. La investigación del Ministerio Público será crucial para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar las responsabilidades penales.
SOJ
