La Contraloría Observa: Complicado Gobernador Claudio Orrego. Informe Desata Cuestionamientos sobre Uso de Fondos en Campaña


Un informe de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas en el Gobierno Regional Metropolitano, poniendo al Gobernador Claudio Orrego en una posición delicada. El documento ha desatado duros cuestionamientos sobre el presunto uso de recursos públicos para financiar su campaña de reelección, generando una tormenta política que podría escalar hasta el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Uno de los puntos más sensibles de los hallazgos del ente fiscalizador se refiere al pago de más de $31 millones por un servicio de asesoría. Este contrato, que supuestamente cubría un servicio de «coaching para la gestión institucional GS 2024», reveló una realidad distinta durante la revisión de las sesiones. La Contraloría detectó que, lejos de abordar temas de desarrollo organizacional, las reuniones contenían referencias explícitas a la «contingencia política y la campaña electoral» de Orrego para mantenerse en el cargo.


Asesorías Bajo la Lupa: Un Patrón de Complicaciones

En su defensa, el Gobernador Orrego ha sostenido que estas asesorías de coaching formaban parte de un plan institucional de desarrollo organizacional y acompañamiento directivo iniciado en 2021. Para Orrego, «una cosa es hacer referencia al contexto político, y otra muy distinta es que se trate de un acompañamiento político». Sin embargo, las acusaciones no se limitan a este informe, sumándose a otras complicaciones como el caso ProCultura y una pugna con una aseguradora, que han mantenido al Gobernador en el ojo del huracán.

La Fiscalía Metropolitana Oriente ya recibió formalmente la resolución del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, asignando el caso a esa jurisdicción. No obstante, aún se está a la espera de los antecedentes completos, por lo que sigue en suspenso la asignación del persecutor que liderará la investigación.

Oposición en Pie de Guerra: Buscando la Destitución

Lo que sí es un hecho inminente es la ofensiva de la oposición en el consejo regional. Con una mayoría consolidada, las fuerzas contrarias a Orrego buscan impulsar un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). El objetivo es que esta instancia determine las responsabilidades del Gobernador e, incluso, evalúe su destitución.

El partido Republicanos, que cuenta con 11 consejeros, ya ha manifestado su alineamiento con esta iniciativa. Sin embargo, necesitan el apoyo de al menos un miembro más del consejo para alcanzar el tercio necesario para presentar el requerimiento. En este contexto, no se descarta que sus pares de RN o la UDI (Evópoli no tiene representantes en la instancia) puedan sumarse a la acción, una decisión que, según se prevé, podría resolverse esta misma semana tras las discusiones entre los jefes de bancada.

El consejero Sergio Morales, de Republicanos, confirmó a un medio local la necesidad de un voto adicional para el requerimiento ante el Tricel. «Estamos conversando entre las tres bancadas de RN, la UDI y, por supuesto, la bancada nuestra, para ver eventualmente si es que desde Chile Vamos consideran pertinente también poder sumarse».

Asimismo, los consejeros de oposición han anunciado que el próximo miércoles, en la sesión plenaria, solicitarán todos los antecedentes necesarios para evaluar las acciones a seguir. Desde el Gobierno Regional Metropolitano, se ha descartado la utilización de recursos públicos para financiar la campaña de Claudio Orrego, refutando las conclusiones iniciales del informe de Contraloría.

Con todo, la oposición espera que esta semana se definan las posturas y se logre un acuerdo entre los jefes de bancada. «A simple vista ya no es un hecho aislado, sino que ya se ve como una conducta permanente en el tiempo, porque ya estamos con un problema grande con lo de ProCultura y ahora aparece este nuevo informe de Contraloría», sentenció Morales, sugiriendo un patrón de irregularidades. El consejero afirmó, además, que su bancada ha realizado diversas fiscalizaciones a la Corporación Regional de Desarrollo, donde han «detectado posibles graves irregularidades en los procesos de compra y adquisiciones», por lo que presentarán todos los antecedentes a Contraloría.

SOJ