La comisión mixta encargada de resolver las diferencias en el proyecto de fraccionamiento pesquero, corazón de la nueva Ley de Pesca, ha dado un paso decisivo. De forma unánime, sus miembros acordaron reabrir la discusión y someter a nueva votación la polémica cuota de la merluza común, que en la sesión anterior había sido fijada en un 52% para la pesca artesanal y un 48% para la pesca industrial.
Nueva Fórmula para la Merluza y Respaldo del Ejecutivo
Para destrabar el estancamiento, los senadores Fidel Espinoza (PS), Daniel Núñez (PC) y David Sandoval (UDI) presentaron una indicación conjunta que, tras un intenso debate, obtuvo el respaldo del Ejecutivo. El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió la propuesta argumentando que esta garantizaría la continuidad de la empresa Pacific Blu, un actor relevante en la industria.
La iniciativa establece una nueva fórmula para el fraccionamiento de la captura de merluza en el área marítima que abarca desde Coquimbo hasta Los Lagos:
- Si la cuota global de captura anual es igual o inferior a 35.020 toneladas: El fraccionamiento aplicable será del 45% para el sector pesquero artesanal y 55% para el sector pesquero industrial.
- Si la cuota global de captura supera las 35.020 toneladas: El exceso irá íntegramente a la fracción artesanal, con un tope del 50% para cada sector.
Este ajuste se determinará anualmente, en el mismo acto en que se fije la cuota global de captura, y se aplicará para el año calendario siguiente a su determinación.
Inclusión del Besugo y Disposición Transitoria
Además de la merluza, la comisión incorporó una nueva indicación sobre el besugo. Esta propone que, en el área marítima comprendida entre las regiones de Atacama y Los Lagos, un 5% de la cuota se destine al sector pesquero artesanal y un 95% al sector pesquero industrial.
No obstante, se añadió un artículo transitorio clave: este fraccionamiento del besugo solo será aplicable si el Comité Científico correspondiente, basándose en el estado de conservación del recurso y la información científica disponible, recomienda que no procede la renovación de la veda extractiva. En tal caso, se autorizaría su extracción como recurso objetivo a los titulares de autorizaciones de pesca vigentes con anterioridad a 2010, que hayan registrado desembarques durante los tres años calendario previos a dicho año.
Voces Disidentes: Frente Amplio y PC en Desacuerdo
La indicación presentada por Espinoza, Núñez y Sandoval fue finalmente aprobada con 7 votos a favor (Fidel Espinoza, Daniel Núñez, David Sandoval, Carlos Kuschel, Alejandro Kusanovic, Matías Ramírez y Sergio Bobadilla), uno en contra (Jorge Brito) y dos abstenciones (Leonidas Romero y Daniella Cicardini).
El diputado Jorge Brito (Frente Amplio) votó en contra y no ocultó su frustración con la postura gubernamental: «Al Ejecutivo le pedimos siempre los límites. Hace una semana nos dijeron 52% y 48% (a favor de la pesca artesanal); después de haber entregado un dato desactualizado, nos dijo 50% y 50%; la semana pasada nos reafirmó el 50% y 50%; y ayer nos dijo un 45% y 55% a favor de la industria si la cuota es inferior a 35 mil. Me parece que con la economía y las fuentes de trabajo no es para hacer malabarismos». Brito incluso protagonizó varios cruces con el presidente de la comisión, Fidel Espinoza.
El legislador instó a la comisión a reevaluar una propuesta anterior, presentada por el propio Espinoza, que planteaba una distribución equitativa del 50% para la pesca artesanal y 50% para la industrial (y que había sido rechazada previamente). Sin embargo, dicha propuesta fue descartada por Espinoza, y el Ejecutivo no la respaldó, argumentando que no había certeza de que esa distribución garantizara la continuidad de Pacific Blu.
Por su parte, el senador Daniel Núñez, a pesar de ser firmante de la indicación aprobada, justificó su apoyo como una estrategia necesaria: «Esta alternativa permite tener los votos en el Senado, aun cuando yo creo y espero que logremos en otras futuras peleas avanzar más. No podemos arriesgarnos hoy día a dejar como está la indicación, con un 60% a favor de la industria», refiriéndose a la legislación actual que predominaría si no se llegaba a un acuerdo.
Este giro en la discusión de la Ley de Pesca evidencia las complejas negociaciones y las presiones que rodean la asignación de cuotas pesqueras, con un equilibrio precario entre intereses económicos, sociales y ambientales.
SOJ
