El Juez de Policía Local de Hualpén, Rodrigo Ferreira, se encuentra en el ojo del huracán tras la revelación de un informe de la Contraloría General de la República que detalla cuatro viajes al extranjero realizados mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas y, por ende, percibiendo su sueldo.
Según la investigación de la Contraloría, Ferreira habría utilizado sus periodos de «reposo» para salir del país en dos ocasiones por el aeropuerto de Santiago, una vez por el Paso Los Libertadores y otra por el Paso Pichachén. Esta situación ha generado una fuerte controversia y plantea interrogantes sobre la probidad en el uso de las licencias médicas en el sector público.
Ante la gravedad de los antecedentes, la Municipalidad de Hualpén, careciendo de la potestad para iniciar directamente un sumario administrativo contra un juez de Policía Local, ha optado por remitir la totalidad de la información a la Corte de Apelaciones de Concepción. Esta última es la entidad legalmente facultada para fiscalizar y, eventualmente, aplicar sanciones a los jueces de Policía Local.
«Nosotros no tenemos la facultad para investigar directamente al juez, así que corresponde que sea la Corte quien revise y determine los pasos a seguir», explicó el asesor jurídico del municipio, deslindando responsabilidades y apuntando a la jurisdicción competente.
El caso de Ferreira, sin embargo, no sería un hecho aislado en la comuna. El informe de la Contraloría revela que, en total, 75 funcionarios de Hualpén habrían registrado salidas del país mientras se encontraban con licencias médicas. Esta cifra ha encendido las alarmas en toda la Región del Biobío, provocando una profunda preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.
En consecuencia, todos los antecedentes recopilados han sido puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esta acción podría derivar en la iniciación de acciones legales tendientes a recuperar los dineros públicos que se habrían utilizado de manera indebida.
Por ahora, el futuro del Juez Rodrigo Ferreira pende de la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción. Mientras tanto, la indignación ciudadana se intensifica, ante lo que muchos consideran un flagrante abuso del sistema de licencias médicas, particularmente preocupante cuando ocurre en el aparato público y con fondos fiscales.
SOJ
