Con la publicación de la Ley N° 21.746 en el Diario Oficial, Chile da un paso significativo en el combate al mal uso de licencias médicas. La nueva normativa, que modifica la Ley N° 20.585, busca fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, además de establecer un marco de sanciones administrativas y penales más riguroso para quienes infrinjan la ley.
Entre las novedades más destacadas, la ley establece que a partir de ahora, solo podrán emitir licencias médicas los profesionales de la salud (médicos cirujanos, cirujanos dentistas o matronas) que estén debidamente inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Un punto crucial es que los médicos cirujanos que obtuvieron o revalidaron su título después del 19 de abril de 2009 deberán, además, haber aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom). Este requisito será exigible a partir de un año de la publicación de la ley.
Digitalización y Mayor Control:
La ley formaliza el uso de la licencia médica electrónica (LME) como el estándar, reservando los formularios de papel solo para casos excepcionales de falta de conectividad o autorización expresa de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) asumirá un rol central en la fiscalización del sistema electrónico, garantizando la protección de datos y dictando las normas de funcionamiento.
Para las licencias emitidas por telemedicina, se exigirá que los profesionales estén habilitados para atenciones a distancia y utilicen una plataforma tecnológica con registro de consultas.
Endurecimiento de Sanciones y Procedimientos:
Las facultades de las COMPIN se amplían, permitiéndoles solicitar antecedentes complementarios o citar a profesionales emisores. El incumplimiento de estas solicitudes o la inasistencia injustificada a citaciones podrá acarrear multas de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), unos $ 3 millones 432 mil 400 pesos y la suspensión de la facultad para emitir licencias por hasta 30 días hábiles, prorrogables.
La SUSESO, por su parte, podrá iniciar investigaciones ante sospechas fundadas de licencias emitidas sin justificación médica o sin consulta asociada. Si se comprueba la emisión de licencias sin fundamento, las sanciones serán progresivas:
- Primera vez: Suspensión de hasta 180 días y multa de hasta 140 UTM.
- Reincidencia (en 5 años): Suspensión de hasta un año y multa de hasta 200 UTM.
- Segunda reincidencia (en 5 años): Suspensión de hasta tres años y multa de hasta 350 UTM.
- Tercera reincidencia (en 7 años): Suspensión perpetua de la facultad de emitir licencias, cancelación del Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud y multa de hasta 600 UTM.
Además, se establece que si se comprueba falsedad en la emisión de licencias, la SUSESO deberá remitir los antecedentes directamente al Ministerio Público.
Novedades para Contralores y Sanciones Penales:
Los contralores médicos de las ISAPRES que rechacen o modifiquen licencias sin justificación también podrán ser denunciados ante la SUSESO, enfrentando multas y suspensiones de su función. La ISAPRE respectiva será solidariamente responsable del pago de las multas impuestas a sus contralores.
A nivel penal, la ley modifica el artículo 202 del Código Penal, aumentando las penas para quienes emitan licencias médicas falsas, que ahora podrían enfrentar presidio menor en su grado medio a máximo y multas de hasta 1.000 UTM. La inhabilitación especial temporal se amplía al ejercicio de la profesión de médico cirujano, matrona o cirujano dentista. También se establecen penas para quienes usen maliciosamente documentos falsos.
Para fomentar la transparencia, la SUSESO mantendrá un sistema de denuncia anónima de mal uso de licencias en su sitio web, junto con un registro público de las sanciones aplicadas. Este registro también incluirá el promedio de licencias emitidas por cada profesional.
La ley entra en vigencia a partir de su publicación, hoy 24 de mayo de 2025, con plazos específicos para la implementación de ciertos requisitos, como el Eunacom y la adecuación de las plataformas de telemedicina. Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la probidad en el sistema de salud y asegurar un uso adecuado de los recursos asociados a las licencias médicas.
SOJ
