Un significativo revuelo ha generado la noticia del desecho de más de 1,2 millones de vacunas contra la influenza durante la campaña de 2024, ya sea por caducidad o problemas logísticos. Este hecho, que representa una pérdida económica de $2.639 millones, ha desatado una ola de críticas en el Congreso hacia la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, a quien diversos parlamentarios señalan como principal responsable, incluso exigiendo su renuncia.
La controversia se intensificó tras la revelación de que 1.212.297 dosis de la vacuna contra la influenza no fueron administradas durante la campaña del año pasado, coincidiendo con la actual campaña de invierno y la creciente preocupación por las enfermedades respiratorias.
La subsecretaria Albagli intentó contextualizar la situación, explicando que «cuando estamos hablando de medicamento, de vacunas, es habitual que haya pérdidas». Añadió que estas pérdidas obedecen a diversas razones y que las estrategias de vacunación suelen contemplar un margen de merma, el cual se incluye en el cálculo de compra, ya que resulta «imposible que no existan».
Sin embargo, estas explicaciones no lograron aplacar la indignación en el Parlamento. Un informe previo de la Contraloría General de la República ya había generado presión sobre la subsecretaria, y la reciente revelación de la magnitud de las pérdidas exacerbó las críticas.
Parlamentarios de distintos espectros políticos han manifestado la urgencia de que las autoridades sanitarias rindan cuentas detalladas sobre lo ocurrido. El diputado Daniel Lilayu (UDI), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, dirigió sus críticas directamente hacia Albagli, afirmando que «es ella quien debe asumir las responsabilidades políticas y administrativas de este caso, poniendo incluso su cargo a disposición si es necesario».
Lilayu añadió con preocupación: «El año pasado ya se registraron varias muertes en nuestro país a causa de la influenza, pero lamentablemente no vemos que las actuales autoridades hayan aprendido la lección, porque seguimos con un plan de vacunación absolutamente insuficiente para la magnitud de la crisis respiratoria que se aproxima».
En una línea similar, el diputado Andrés Celis (RN), también integrante de la Comisión de Salud, fue categórico al asegurar que «la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, lo primero que debería hacer es pedirle disculpas públicas a la ciudadanía y entregar su renuncia». Argumentó que «lo sucedido con la pérdida de millones de vacunas contra el Covid-19 y la influenza no puede minimizarse, porque acá se puso en riesgo la salud de la población».
Incluso desde las filas del oficialismo se alzaron voces críticas. La diputada Ana María Gazmuri (AH) exigió que la subsecretaria «debe entregar explicaciones serias ante la Comisión de Salud. Queremos cifras exactas, responsables identificados y un desglose claro del impacto económico. No bastan las entrevistas en medios: las respuestas formales deben llegar al Congreso, que es el órgano fiscalizador». Gazmuri no se detuvo ahí y señaló que «no es la primera vez que esta subsecretaria debe dar una explicación, ya que su conducción en diversos temas ha sido errática».
Ante la creciente polémica, el Ministerio de Salud distribuyó una minuta informativa entre los parlamentarios oficialistas. En el documento, el Ejecutivo destacó que en 2024 Chile alcanzó un récord histórico en la vacunación contra la influenza, administrando más de 8,3 millones de dosis, cifra que superó ampliamente los registros de años anteriores.
Además, la minuta proporcionó datos comparativos sobre la merma y pérdida de vacunas en años anteriores: 475.840 dosis en 2023, 152.478 en 2022 y 527.361 en 2020. Según el documento, el costo de cada dosis de vacuna contra la influenza fue de US$2,4 en la licitación pública y de US$4,26 en los casos de trato directo.
SOJ
