La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha lanzado un contundente ataque legal contra el gigante tecnológico Google LLC, acusándolo formalmente ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de asfixiar la competencia en dos mercados cruciales vinculados a su omnipresente sistema operativo Android: la distribución de aplicaciones móviles y los pagos digitales dentro de ellas.
Según la acusación del organismo antimonopolios, Google habría tejido una red de «restricciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, o tienen la aptitud para ello» desde al menos 2019. Esta estrategia, según la FNE, habría consolidado a Google Play como el «principal canal de descarga de aplicaciones», estrangulando las alternativas para desarrolladores y limitando las opciones a disposición de los usuarios.
La génesis de este caso se remonta a junio de 2022, cuando el abogado Cristián Reyes, hoy socio de Aninat Abogados y ex jefe de la División de Litigios de la FNE, presentó una denuncia que apuntaba tanto a Google como a Apple, señalándolas por imponer cláusulas abusivas a los creadores de aplicaciones móviles a través de sus respectivas tiendas digitales.
Ahora, la FNE ha elevado la apuesta, solicitando al TDLC la imposición de una multa ejemplar a Google, ascendente a 101.482 Unidades Tributarias Anuales (casi US$ 89 millones), por una infracción calificada como grave al artículo 3° del Decreto Ley N° 211.
Pero la ofensiva de la Fiscalía no se detiene en la sanción económica. El organismo antimonopolios exige al tribunal ordenar a Google el cese inmediato de sus prácticas anticompetitivas y la adopción de una batería de medidas estructurales y conductuales destinadas a revitalizar la competencia dentro del ecosistema Android. Entre estas medidas clave se encuentran la libertad para los desarrolladores de utilizar sistemas de pago alternativos a Google Play y el fin de la controvertida «regla anti-steering», que impide informar a los usuarios sobre la existencia de métodos de pago fuera del control de Google.
En términos concretos, la FNE ha solicitado al TDLC que «se ordene a la requerida cesar en forma inmediata las conductas descritas» y que implemente «las medidas necesarias para restablecer la competencia en los mercados afectados». Esto implica una profunda revisión de los contratos y políticas internas de Google para desmantelar las condiciones que, a juicio de la Fiscalía, estrangulan la libre competencia. «Las restricciones señaladas constituyen un cierre de mercado a la distribución de aplicaciones y a la distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones en el ecosistema Android», sentencia el requerimiento.
Google y Apple ya han enfrentado sanciones en otras jurisdicciones por prácticas similares a las que ahora investiga el organismo chileno. La Comisión Europea multó a Google en 2018 por obligar a los fabricantes de celulares a preinstalar sus aplicaciones para acceder a Google Play, mientras que Corea del Sur la sancionó en 2021 por impedir el uso de versiones alternativas de Android. Incluso en Estados Unidos, Google ha sido recientemente condenada por monopolizar la publicidad en internet.
Desde Google Chile, la respuesta ante esta embestida legal ha sido el silencio, declinando realizar comentarios sobre el caso.
En contraste, el abogado denunciante, Cristián Reyes, no ocultó su satisfacción ante la acción de la FNE. «El requerimiento de la Fiscalía es un paso natural frente al comportamiento de las app stores en Chile y otros países, que debe ser corregido en sede de libre competencia», afirmó con convicción. Reyes anticipó incluso posibles escenarios futuros, señalando que «todas las empresas y consumidores afectados podrían solicitar compensaciones en caso de obtenerse una sentencia definitiva favorable por parte del Tribunal», mencionando explícitamente a los desarrolladores de aplicaciones y a los proveedores de medios de pago como potenciales damnificados.
La ofensiva de la FNE no es un caso aislado. Google y Apple ya han enfrentado sanciones en otras jurisdicciones por prácticas similares a las que ahora investiga el organismo chileno. La Comisión Europea multó a Google en 2018 por obligar a los fabricantes de celulares a preinstalar sus aplicaciones para acceder a Google Play, mientras que Corea del Sur la sancionó en 2021 por impedir el uso de versiones alternativas de Android. Incluso en Estados Unidos, Google ha sido recientemente condenada por monopolizar la publicidad en internet, con el Departamento de Justicia solicitando su desmantelamiento.
En este crucial litigio en Chile, Google ha depositado su defensa en las manos del estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos Abogados, mientras que Apple será representada por Baker & Mckenzie. La batalla legal por el control del ecosistema Android ha comenzado, y su desenlace podría redefinir las reglas del juego para desarrolladores, consumidores y la propia Google en el mercado chileno.
SOJ
