Una grave controversia envuelve la Ley de Fraccionamiento Pesquero luego de que el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, confirmara la inexactitud de las cifras presentadas por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, durante la crucial comisión mixta. Los datos erróneos, relativos a la captura de merluza común del año anterior, han encendido las alarmas en el sector productivo del Biobío, especialmente tras el anuncio de cierre de operaciones de la pesquera PacificBlu.
La polémica surge luego de la aprobación de la reducción del fraccionamiento industrial en la pesquería de la merluza común, pasando de un 60% a un 48% de la cuota. En este contexto, la empresa PacificBlu, con una importante presencia en la región del Biobío, comunicó su decisión de cesar sus actividades en enero de 2026. El gerente general de la compañía, Marcel Moenne, denunció que el subsecretario Salas basó su argumentación en cifras incorrectas, afirmando que el sector industrial solo pescó el 61% de la cuota el año pasado, mientras que el porcentaje real a nivel sectorial alcanzaría el 93%, llegando incluso al 99% en el caso de su empresa. Moenne acusó al subsecretario de utilizar «datos falsos y no rigurosos, generando confusión en el debate parlamentario» sobre el fraccionamiento de la merluza común.
La discrepancia crucial en las cifras de captura de merluza común ha salido a la luz. Mientras el subsecretario de Pesca, Julio Salas -a quien se le responsabiliza del error- sostuvo durante la discusión parlamentaria que la industria solo alcanzó el 61% de la cuota asignada el año anterior, esta afirmación ha sido directamente contradicha por el ministro de Economía, Nicolás Grau. El secretario de Estado reconoció públicamente que la cifra real de captura supera el 90%, coincidiendo así con lo planteado por la empresa pesquera PacificBlu, que incluso reportó haber alcanzado el 99% de su cuota individual. Esta inconsistencia en los datos oficiales ha generado un intenso debate sobre la fiabilidad de la información utilizada para fundamentar la nueva ley y sus potenciales consecuencias para el sector pesquero, especialmente en la región del Biobío.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció la veracidad de las acusaciones. «Más allá de las intencionalidades que yo no las comparto, es cierto que el dato que presentó el subsecretario era un dato que no correspondía», admitió el secretario de Estado. «De hecho, en las discusiones anteriores, en general —porque lo había presentado ya la industria—, el dato que se manejaba es de sobre el 90%. Por lo tanto, es importante también que tengamos una conversación con todos los datos sobre la mesa, eso es cierto», precisó Grau.
No obstante, el ministro aclaró que no hubo «ninguna intencionalidad» en la presentación de los datos erróneos y que la disputa entre las Cámaras del Congreso sobre la ley de fraccionamiento existía previamente a la presentación de estas cifras.
En un intento por mitigar la crisis, el secretario de Estado informó que sostendría una reunión con representantes de PacificBlu durante la jornada de hoy, con la esperanza de «tener más claridad respecto a qué condiciones, esta empresa, podría continuar su operación y que esto sea lo más transparente posible».
La controversia por los datos erróneos se suma a la profunda preocupación en la región del Biobío por el impacto de la nueva ley de fraccionamiento. El anuncio de cierre de PacificBlu ha puesto en riesgo más de 3.000 empleos, generando un fuerte debate sobre las consecuencias de la política pública en el sector pesquero y la economía regional. La confirmación de la inexactitud de las cifras utilizadas en el debate parlamentario podría abrir nuevas interrogantes sobre el proceso legislativo y la viabilidad de la ley en su forma actual.
SOJ
