La empresa pesquera Landes de Talcahuano, un actor relevante dentro de las seis mayores del sector y vinculada a la familia Fosk, ha formalizado las primeras acciones legales contra el Estado de Chile en respuesta a las modificaciones propuestas a la ley sectorial. Esta ofensiva judicial se produce incluso antes de la promulgación definitiva de la legislación sobre fraccionamiento pesquero, la cual se encuentra en su etapa final de tramitación en el Congreso a través de una comisión mixta.
A fines de marzo, Landes ya había manifestado su intención de evaluar la vía legal ante lo que consideraba efectos perjudiciales para su negocio derivados de los cambios normativos. Su principal preocupación radica en el proyecto de fraccionamiento impulsado por el Ejecutivo, cuyo objetivo es reducir las cuotas de extracción vigentes hasta 2032 para las empresas industriales, favoreciendo un aumento en las cuotas asignadas al sector artesanal.
Representada por el estudio de abogados Barros & Errázuriz, Landes presentó una solicitud de «medida prejudicial preparatoria de exhibición de los documentos» ante el 26° Juzgado Civil de Santiago. Esta acción se dirige formalmente contra el fisco, representado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Congreso Nacional, a quienes la pesquera identifica como «los futuros demandados».
En el documento judicial, Landes argumenta un presunto incumplimiento de la obligación legal de acompañar el proyecto de ley con el Informe Técnico, Financiero y de Impacto Regulatorio correspondiente. Adicionalmente, el escrito alude directamente al Presidente Gabriel Boric, señalando que «el proceso de formación de ley se encontraría viciado en su origen, toda vez que el fundamento del cambio regulatorio, expresado en el Mensaje Presidencial, radicaría en una calificación jurídica que realiza el Poder Ejecutivo respecto de la actual Ley de Pesca, al considerarla ‘ilegítima e ilegal’ (expresiones sinónimas), lo que constituye un vicio de ilegalidad por exceso y desviación de poder, por cuanto el Presidente de la República carece de potestades constitucionales para tal efecto».
Según detalló la firma en un comunicado público, esta medida prejudicial busca que se clarifiquen los antecedentes que justificaron la calificación de la legislación vigente como «ilegítima e ilegal» al momento de ingresar el nuevo proyecto de ley. Landes también sostiene que, «evitando discutir el impacto regulatorio que traen los proyectos de ley, se tramitó una expropiación encubierta para evitar pagar las indemnizaciones a las que Landes y otros actores del mercado tienen derecho, lo que a su vez contraviene la norma actual y las Licencias Transables de Pesca vigentes, modificándose así sustancialmente las reglas del juego».
Andrés Fosk, gerente general de Landes, expresó con firmeza que «la nueva legislación pesquera que impulsa el Ejecutivo es una lápida para una empresa como la nuestra, que emplea en Talcahuano, Región del Biobío, a más de 600 personas en un rubro clave para el desarrollo del país. Más grave aún, golpea el bienestar de cientos de familias empujando iniciativas que violan la Constitución y afectan derechos patrimoniales desarrollados en más de 70 años de inversiones y trabajo empresarial».
Cabe destacar que otras empresas del sector, como Camanchaca, también han anunciado su intención de emprender acciones legales contra el Estado por el proyecto de fraccionamiento pesquero, calificándolo de «expoliación» y augurando un futuro sombrío para la industria.
SOJ
