La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, creada con la intención de dar una respuesta concreta y duradera al conflicto indígena en la Macrozona Sur, no logró cumplir con el plazo autoimpuesto del 30 de abril para presentar su informe al Presidente Gabriel Boric y además no pudo alcanzar el carácter autoimpuesto de unanimidad en la formulación de acuerdos. Finalmente, el documento será entregado este martes a las 10:30 horas, cerrando un proceso marcado por tensiones internas y alimentando la incertidumbre respecto a su efectividad.
La última sesión de votación, dirigida de forma telemática por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se extendió hasta altas horas del jueves, con los ocho comisionados revisando los 22 puntos del acuerdo. Aunque se logró un 87% de aprobación, el rechazo del presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, impidió alcanzar la unanimidad, empañando el resultado final.
Naveillán argumentó su voto en contra —con seis respaldos y dieciséis rechazos— señalando que las discusiones se realizaron fuera del marco formal y en un contexto de alta presión. Reafirmó su rol como defensor del sector agrícola: “Sí, defiendo a quienes trabajan la tierra, generan empleo y alimentan a nuestro país. Me enorgullece representarlos”.
A pesar de estas diferencias, el subsecretario Ramos destacó el logro como “histórico” y agradeció el trabajo de los comisionados por alcanzar un consenso significativo “en favor de Chile”.
La disputa por la reparación territorial
Uno de los temas más complejos abordados por la comisión fue la reparación territorial. El comisionado Adolfo Millabur, exalcalde de Tirúa, ya había anticipado que lograr un acuerdo completo sería difícil, especialmente en torno a la restitución de tierras. “El gran tema que genera discrepancias sigue siendo el de las tierras”.
Por su parte, Naveillán criticó fuertemente la propuesta de entregar 240 mil hectáreas como parte de la reparación, advirtiendo sobre riesgos geopolíticos. Afirmó que gran parte de las tierras podrían encontrarse en parques nacionales o zonas limítrofes sensibles, sin respaldo técnico suficiente. Además, alertó sobre la ambigüedad del concepto de “suficiencia territorial” por provincia, señalando que podría generar demandas judiciales contra el Estado en caso de no cumplirse, convirtiéndose en un derecho implícito pero exigible.
Defensa del acuerdo: Moreno responde a críticas
El copresidente Alfredo Moreno defendió el informe, indicando que la propuesta no sólo se centra en devolver tierras, sino que amplía los mecanismos de reparación y busca reducir los costos del conflicto actual. “Hoy tenemos 700 comunidades en proceso y 1.200 en lista de espera. La propuesta busca una solución integral y definitiva, con un costo limitado y nuevas alternativas de compensación”, explicó.
Respecto a las objeciones sobre la creación de un tribunal arbitral sin plazos definidos, Moreno reconoció que aún falta trabajo legislativo, pero aseguró que los pilares de la propuesta están bien definidos. “Se incluyen soluciones para los actuales propietarios, respeto a los derechos adquiridos y alternativas de desarrollo que trascienden la tierra”.
Moreno también respondió a las críticas sobre la falta de una postura frente a la violencia: “Nuestro rol no es el de seguridad. Sin embargo, incorporamos un sistema de reparación para víctimas, algo inédito hasta ahora”.
Renuncias, divisiones y oposición frontal
El debate final también provocó efectos políticos, como la renuncia de la senadora Carmen Gloria Aravena al Partido Republicano. La parlamentaria desoyó la instrucción partidaria de rechazar el acuerdo, y acusó una deriva crítica de su colectividad que incluso llegó a calificar el documento como “octubrista”. “Me pidieron que dejara el partido si apoyaba el acuerdo”.
Desde la directiva republicana, Ruth Hurtado reafirmó el rechazo al documento, acusando a la comisión de fomentar políticas que “han perjudicado a La Araucanía” y de caer en una “ideología izquierdista que divide a los chilenos”. Además, criticó el cambio en las reglas al no cumplir con la unanimidad originalmente exigida, comparando la sesión final con una “convención indigenista”.
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también expresó preocupación por la falta de unanimidad. Advirtió que este hecho pone en entredicho el objetivo de lograr una solución de largo plazo al conflicto de tierras.
Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, lamentó que no se haya respetado el requisito de consenso total y anticipó un debate público sobre los costos asociados a las medidas de reparación.
Un futuro incierto para el entendimiento
Con el informe atrasado y sin respaldo unánime, el futuro de las recomendaciones de la Comisión para la Paz se mantiene incierto. Aunque se han dado pasos importantes, la construcción de una solución estable y duradera para el conflicto en la Macrozona Sur aún parece lejana, dejando abiertas múltiples interrogantes sobre el rumbo que tomará el Estado para alcanzar un verdadero entendimiento.
SOJ
