En una firme declaración de principios, el Gobierno ha marcado distancia del controvertido proyecto de ley impulsado por el diputado oficialista Jaime Mulet (FVRS), cuyo objetivo es la eliminación de las multas por circular sin el dispositivo de cobro electrónico, TAG. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar, confirmando la presentación de una reserva de constitucionalidad para frenar la iniciativa.
El ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez, en conversación con Radio Universo, fue categórico al exponer la postura del Gobierno. «En primer lugar, nosotros respetamos las expresiones de los poderes y la discusión que se den en el Parlamento, pero nosotros tenemos nuestra posición. Nosotros no presentamos este proyecto, nosotros no lo compartimos tampoco, producto que se elimina la sanción por no usar tag y por ejemplo, nosotros hemos avanzado en los últimos años en tener que hacer la totalidad con un sistema free flow, de hecho para evitar estos tacos que se iban generando en cada uno de los peajes del país».
La principal preocupación del Ejecutivo radica en el impacto negativo que la eliminación de las multas tendría sobre el modelo de concesiones viales vigente en el país. Núñez explicó que desincentivar el uso del TAG obligaría a un retroceso en el sistema de cobro. «Al desincentivar el uso del tag para no haber sanción significa que vamos a tener que volver, en el peor de los casos, a tener casetas con peaje manual y con barrera porque la única forma de recaudo que puede tener la autopista, el sistema de concesiones, un sistema que cumple ya 30 años de su génesis, donde también ha tenido aprendizajes y modificaciones legales».
Con una metáfora contundente, el ministro (s) calificó el proyecto como un golpe directo al corazón del sistema de concesiones. «Nosotros planteamos que como Ejecutivo tenemos el derecho a presentar una reserva de constitucionalidad porque es un ‘despolonazo’ al sistema de concesiones de caminos», afirmó Núñez.
El Gobierno defendió la progresiva regulación del sistema, recordando las condonaciones de deuda otorgadas a los usuarios morosos. «Recordemos que también se legisló en cuanto a quienes tenían multas y se condonaba el 80% de sus multas. Porque el negocio aquí no es cobrar multas, el negocio es que quien adjudica una concesión y después a través del peaje se va pagando y en el caso que se desincentive el pago, será el Estado quien tiene que pagar directamente desde sus arcas fiscales y eso es también injusto porque acá el que usa las carreteras es el que paga».
Si bien Núñez reconoció las críticas existentes sobre el monto de las multas, que en ocasiones superan la deuda original, insistió en que se han implementado ajustes para mitigar esta situación. «Claro, pero por eso hay modificaciones, por eso yo planteaba que han habido regulaciones, pero tener una ley que desincentive la adquisición del sistema nos gatilla un dominó que se va cayendo y lleva un momento que también genera incertezas para productos de las propias concesionarias, si finalmente van a tener los retornos y como nosotros como Estado firmamos contratos con las concesionarias en las distintas vías, será el Estado quien tiene que pagarla».
El ministro (s) también destacó que los ingresos generados por el sistema de TAG se reinvierten en infraestructura pública de alto impacto social y recordó las medidas implementadas para aliviar la carga de los usuarios infractores, como la rebaja del 80% en el total de la multa sin condiciones, la posibilidad de reprogramación de pagos y el cobro de una única multa diaria por autopista desde 2019.
Ante la posibilidad de que el proyecto avance en el Parlamento, Núñez fue claro sobre la disposición del Gobierno a recurrir al Tribunal Constitucional. «Efectivamente, porque nosotros tenemos la convicción que hay espacio conversación, nuestra ministra (Jéssica López) se reunió con parlamentarios para generar una mesa de trabajo para que solucione todos estos puntos que se han ido solucionando con el paso de los años».
Finalmente, el ministro (s) resaltó la evolución del sistema de concesiones, no solo en su aspecto técnico, sino también en su dimensión social, mencionando la implementación de programas de «buen vecino» que generan beneficios para las comunidades aledañas a las vías concesionadas. Con esta firme postura, el Gobierno busca proteger el modelo de concesiones y asegurar la sostenibilidad del financiamiento de la infraestructura vial del país.
SOJ
