Contexto
En los últimos años, Chile ha experimentado un aumento sostenido en la criminalidad, lo que ha generado una creciente percepción de inseguridad en la población. Si bien el sistema penal chileno se basa en principios garantistas que buscan equilibrar los derechos de los acusados con los de las víctimas, en la práctica ha generado serios problemas en la eficacia de la persecución penal y la aplicación de sanciones. Es necesario revisar y reformar este modelo para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la respuesta del Estado ante el crimen, luego de años de aplicación de la reforma procesal penal.
1. Revisión del principio de proporcionalidad en la aplicación de penas
El actual sistema penal chileno impone penas que muchas veces no guardan relación con la gravedad del delito cometido, permitiendo incluso la suspensión condicional del procedimiento o beneficios carcelarios a reincidentes o delincuentes peligrosos. Se propone:
•Aumentar las penas mínimas para delitos violentos, como homicidios, robos con violencia, violaciones y secuestros.
•Eliminar beneficios penitenciarios automáticos para reincidentes y condenados por delitos graves.
•Establecer criterios más estrictos para la rebaja de penas y el uso de atenuantes en casos de crímenes con alta connotación social.
2. Reformulación de la prisión preventiva y medidas cautelares
Actualmente, la prisión preventiva en Chile se aplica con criterios restrictivos, favoreciendo la libertad de imputados a la espera de juicio, lo que ha permitido que criminales reincidentes sigan delinquiendo mientras esperan su sentencia. Se propone:
•Ampliar la aplicación de la prisión preventiva para delitos violentos y crímenes cometidos con uso de armas de fuego.
•Endurecer las condiciones para otorgar arresto domiciliario o libertad bajo fianza, asegurando que solo se apliquen en casos excepcionales.
•Fortalecer el control del cumplimiento de medidas cautelares mediante el uso de brazaletes electrónicos con monitoreo en tiempo rea, monitoreados con una central exclusiva de cumplimiento efectivo.
3. Modificación del Código Procesal Penal para limitar la impunidad
El modelo procesal penal chileno permite la suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios en un amplio número de delitos. Esto ha facilitado la reincidencia y la impunidad en casos de delitos que afectan gravemente a la seguridad pública. Se propone:
•Restringir la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento en delitos violentos y reiterados.
•Eliminar los acuerdos reparatorios en delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la seguridad de las personas.
•Ampliar el uso de juicios abreviados para evitar dilaciones innecesarias y garantizar sanciones efectivas.
4. Endurecimiento de las penas contra el crimen organizado, corrupción y delitos con armas de fuego
El narcotráfico, los secuestros y los homicidios por encargo han aumentado significativamente en Chile, debido en parte a penas insuficientes para el crimen organizado. Se propone:
•Establecer una pena mínima de 20 años para delitos cometidos por organizaciones criminales.
•Reformar la legislación sobre control de armas, aumentando las penas por porte ilegal y endureciendo los requisitos para su tenencia.
•Fortalecer la incautación de bienes y ganancias ilícitas de bandas criminales, destinándolos a la prevención del delito.
5. Protección efectiva a las víctimas y testigos
El actual sistema garantista protege en exceso a los imputados, pero no ofrece medidas eficaces para resguardar a las víctimas y testigos. Se propone:
•Fortalecer los programas de protección de testigos, asegurando su anonimato en juicios contra el crimen organizado.
•Establecer mecanismos de apoyo psicológico y legal para víctimas de delitos violentos.
•Permitir el uso de testimonios pregrabados y videoconferencias en casos de delitos graves, para evitar la revictimización de testigos y víctimas.
6. Reforma a la reinserción social y control de reincidencia
El modelo actual no cuenta con mecanismos efectivos para reducir la reincidencia. Se propone:
•Implementar un sistema de evaluación obligatoria para conceder beneficios carcelarios, asegurando que solo se otorguen a internos con bajo riesgo de reincidencia.
•Fortalecer el seguimiento postpenitenciario de exreclusos, asegurando su integración efectiva a la sociedad.
•Crear cárceles de máxima seguridad especializadas en el tratamiento de criminales de alta peligrosidad.
Conclusión
El sistema garantista chileno, en su estado actual, ha contribuido a un clima de impunidad que favorece el accionar delictual. La propuesta aquí presentada busca reformar las bases del modelo penal, dotando al Estado de herramientas más eficaces para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. La implementación de estas medidas permitiría reducir la reincidencia, endurecer la respuesta penal ante el crimen organizado y garantizar una justicia más equitativa, donde las víctimas tengan mayor protección y los criminales enfrenten sanciones proporcionales a sus delitos.
Robert Contreras Reyes
Abogado y Ex Gobernador de la Provincia de Concepción.
Pre candidato a diputado por RN distrito 20.
