La tragedia ocurrida en el Estadio Monumental durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza, donde dos jóvenes perdieron la vida, ha generado un intenso debate sobre las posibles consecuencias legales para los involucrados. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha calificado a los presuntos responsables como «organizaciones criminales», lo que abre un escenario legal complejo y con penas severas.
El peso de la ley: agravantes y condenas
Según el profesor de derecho penal, Rodrigo Guerra, la clave reside en la aplicación de una agravante incorporada en 2023, que aumenta las penas cuando los delitos son cometidos por «organizaciones o agrupaciones» destinadas a ello. Esta figura legal, distinta a la «asociación criminal» del crimen organizado, podría tener un impacto significativo en las condenas.
En el caso de un homicidio simple, por ejemplo, la pena oscila entre 10 y 20 años. Sin embargo, si se acredita la agravante de pertenecer a una organización criminal, la pena se elevaría al rango de 15 a 20 años.
El rol de Carabineros: ¿uso proporcional de la fuerza?
La presunta responsabilidad de Carabineros en las muertes también está bajo investigación. La legalidad de su actuación dependerá de si el uso de la fuerza letal fue «acorde con lo que establece el legislador» y si hubo proporcionalidad en los medios empleados.
«No es fácil determinar en este sentido si es que hay una responsabilidad o no de la autoridad al tratar de impedir la comisión de hechos delictivos. Siempre es importante saber cuáles fueron los supuestos y esclarecerlos antes de poder valorar la situación», explica el experto.
Guerra recuerda que Carabineros tiene la obligación de velar por el orden público, lo que a veces puede tener «efectos colaterales». Sin embargo, será la justicia quien determine si hubo un exceso en el uso de la fuerza.
Un futuro incierto: justicia y prevención
La tragedia del Monumental ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar la violencia en el fútbol desde una perspectiva legal y preventiva. La calificación de «organizaciones criminales» para las barras bravas marca un precedente que podría tener un impacto significativo en futuros casos.
La investigación en curso determinará la responsabilidad de los involucrados, tanto civiles como policiales. Mientras tanto, el país se enfrenta al desafío de encontrar soluciones para erradicar la violencia en los estadios y garantizar la seguridad de los espectadores.
SOJ
