Biobío posee cuatro poderes compradores: tres en Florida y uno en Yumbel.
En plena temporada de vendimia, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la región del Biobío ha desplegado un operativo de fiscalización exhaustivo sobre los poderes compradores de uva, marcando un esfuerzo por asegurar la transparencia y equidad en las transacciones comerciales que involucran a los productores de vid vinífera.
Liderados por el Director Regional del SAG Biobío, Roberto Ferrada, funcionarios del servicio se constituyeron en la comuna de Florida, epicentro de la actividad vitivinícola regional, para verificar en terreno el estricto cumplimiento de la Ley N° 20.656 y su reglamento, el Decreto N°122 de 2024 del Ministerio de Agricultura. Esta normativa establece un marco regulatorio específico para la comercialización de uva destinada a la elaboración de vinos y mostos, abarcando la crucial «primera transacción» entre productores y compradores.
«El objetivo primordial de esta legislación es transparentar el mercado de la uva vinífera», enfatizó Roberto Ferrada. «Estamos enfocados en verificar que se cumplan las condiciones que la ley exige al momento de la compra de la uva, asegurando que los productores cuenten con la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre a quién vender su valioso producto».
La fiscalización del SAG pone especial atención en varios aspectos clave. Los poderes compradores deben exhibir de manera visible los precios ofrecidos por cada variedad de uva, garantizando así que los viticultores tengan claridad sobre el valor de su cosecha. Asimismo, se exige la certificación de los instrumentos de pesaje utilizados para medir la uva entregada, una labor que debe ser realizada por laboratorios calibradores registrados ante el SAG, brindando confianza en la exactitud de las mediciones.
«Es fundamental que los centros de acopio dispongan de información accesible y clara para los productores», detalló Ferrada. «Esto incluye la identificación del centro, la viña a la que se destina la uva, el precio por variedad y las condiciones de pago acordadas».
La Seremi de Agricultura, Pamela Gatti, resaltó la importancia del rol del SAG en la protección de los pequeños agricultores de la Agricultura Familiar Campesina, quienes a menudo son más vulnerables en estas transacciones. «El SAG está actuando como garante del cumplimiento normativo, buscando que tanto la demanda como la oferta cuenten con información precisa, transparente y de acceso público», afirmó la Seremi.
Durante las inspecciones, los funcionarios del SAG revisan meticulosamente las guías de recepción de la uva, documentos cruciales que deben contener información detallada como la identificación del productor, la fecha y hora de recepción, el precio de referencia, las condiciones de pago y los kilos recibidos. Además, se verifica la existencia de contratos de trabajo y poderes notariales que acrediten la responsabilidad de quienes suscriben estas guías, así como la correcta liquidación de los pagos a los agricultores. El incumplimiento de la ley puede acarrear multas significativas, que oscilan entre 5 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), dependiendo de la gravedad y la reincidencia de la infracción.
En la presente temporada, se han identificado cuatro poderes compradores de uva operando en la región del Biobío: tres en la comuna de Florida y uno en Yumbel. Hasta la fecha, el SAG ha realizado tres fiscalizaciones, cursando una infracción por incumplimiento de la normativa. Se estima que alrededor de 3.350 toneladas de uva se transan a través de estos centros de acopio en la región.
La acción proactiva del SAG en la fiscalización de los poderes compradores subraya el compromiso del gobierno regional y el Ministerio de Agricultura por fortalecer la transparencia y la equidad en la cadena productiva del vino, protegiendo los intereses de los viticultores del Biobío y fomentando un mercado más justo y competitivo.
SOJ
