Con una contundente votación de 122 votos a favor y solo 5 abstenciones, la Cámara de Diputados dio luz verde en general a un proyecto de ley que busca facultar a los municipios para tomar cartas en el asunto y liberar el paisaje urbano de la contaminación visual generada por el exceso de cables aéreos en desuso.
La iniciativa, tiene como objetivo devolver a las municipalidades la atribución de retirar el cableado obsoleto, cargando los costos a las empresas concesionarias responsables. El texto legal establece un plazo para que las compañías realicen esta tarea, conforme a lo estipulado en la Ley General de Telecomunicaciones. En caso de incumplimiento, las jefaturas comunales podrán proceder al retiro, traslado u orden de estos elementos, y las empresas deberán asumir los gastos correspondientes.
La propuesta va incluso más allá, abordando la problemática de los cables cuya propiedad resulta indeterminada. En estos casos, los municipios podrán notificar a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna la fecha en que se realizará el retiro y los costos asociados, los cuales deberán ser reembolsados en partes iguales por las empresas.
Durante el debate en la Sala, los legisladores manifestaron un amplio respaldo a la iniciativa, argumentando que esta «basura aérea» no solo deteriora la estética de las ciudades, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y un factor que afecta negativamente el turismo en diversas localidades del país.
El proyecto fue destacado como una medida de equidad social, considerando que el problema de la proliferación de cables en desuso tiende a ser más grave en comunas con menores recursos o que carecen de una planificación territorial adecuada. En este contexto, varios parlamentarios plantearon la necesidad de que el soterramiento del cableado sea una obligación en toda nueva construcción, como una solución de raíz al problema.
Si bien se valoró la intención del proyecto, también se hizo hincapié en la responsabilidad que deben asumir las empresas en la gestión de los desechos que generan sus infraestructuras. Algunos legisladores advirtieron sobre la posibilidad de que la normativa sobrecargue a los municipios sin proporcionarles los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea, y también se planteó la importancia de asegurar la calificación técnica del personal encargado del retiro de los cables.
Un punto de debate recurrente fue la necesidad de que el Ejecutivo agilice la dictación de los reglamentos necesarios para la implementación efectiva de este tipo de leyes. Varios parlamentarios cuestionaron la eficacia de aprobar normativas bien intencionadas si el gobierno no cumple con la emisión oportuna de las regulaciones que permitan su aplicación práctica.
Finalmente, el proyecto fue remitido a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara para discutir las indicaciones presentadas, con la expectativa de perfeccionar el texto y reforzar el principio de responsabilidad de las empresas en la descontaminación visual de los cielos urbanos de Chile. La aprobación en general marca un paso importante hacia ciudades más limpias, seguras y estéticamente agradables.
SOJ
