A casi a 20 años después de la tragedia que enlutó a la nación en Antuco, la herida sigue abierta para las familias de los jóvenes conscriptos que perdieron la vida en la gélida cordillera. Hoy, la alarma y la profunda preocupación embargan a estos hogares, quienes injustamente han visto interrumpida la crucial ayuda económica que el Estado chileno se comprometió a entregar tras el fatídico suceso de 2005.
El alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arriagada, se ha convertido en la voz de las familias olvidadas. En recientes gestiones en Santiago, el jefe comunal sostuvo encuentros con representantes del Ministerio de Defensa, llevando consigo el clamor de quienes llevan meses sumidos en la incertidumbre económica ante la suspensión de la pensión de gracia, un sustento vital establecido tras la irreparable pérdida de sus seres queridos.
«Nos encontramos ante una situación compleja e injusta que revictimiza a estas familias», declaró con vehemencia el alcalde Pérez Arriagada. «Ya soportaron el dolor inmenso de perder a sus hijos en circunstancias trágicas, y hoy, deben enfrentar la angustia de la falta de un apoyo económico fundamental para su subsistencia».
La ayuda, cercana a los 450 mil pesos mensuales y gestionada por el Ministerio de Defensa, representa un salvavidas para hogares que confiaban en este compromiso estatal para sobrellevar su día a día. La tragedia del 18 de mayo de 2005, donde 45 jóvenes conscriptos y un sargento fueron obligados a marchar en condiciones climáticas extremas en Antuco, generó una promesa de reparación y apoyo por parte del Estado, materializada en el otorgamiento de estas pensiones de gracia.
Sin embargo, la realidad actual es desgarradora. Tal como explicó el alcalde, varias familias han sido abruptamente despojadas de este beneficio, sin recibir explicaciones claras ni justificación alguna por parte de las instituciones responsables. «La interrupción de esta pensión inflige un daño adicional a personas de escasos recursos, quienes contaban con este respaldo como un pilar para su estabilidad», enfatizó Pérez Arriagada.
Lejos de resignarse, el alcalde de Los Ángeles ha asumido un compromiso inquebrantable con estas familias. «Continuaremos insistiendo ante todas las autoridades pertinentes hasta que se reanuden los pagos y se establezca una solución definitiva», aseguró con firmeza. «Como municipio, no abandonaremos a estas familias. Seguiremos gestionando y tocando todas las puertas necesarias para que el Estado cumpla con su deber de reparar, aunque sea en parte, el profundo dolor causado».
La situación actual no solo genera alarma y tristeza, sino que también levanta interrogantes sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado con quienes han sufrido pérdidas irreparables. La historia de Antuco clama por justicia y por la restitución de un derecho que se ha convertido en un hilo de esperanza para familias que merecen vivir con dignidad, sin la angustia de la incertidumbre económica sumada al peso imborrable de su pérdida.
SOJ
