La administración del alcalde de Chillán, Camilo Benavente, enfrenta un nuevo escrutinio tras la decisión del concejo edilicio de crear una comisión investigadora. Se trata de la primera Comisión Investigadora en la historia del organismo, aprobada por unanimidad de los concejales. Esta instancia buscará esclarecer una serie de hechos que han generado inquietud en la comunidad, incluyendo el juicio de cuentas por 1.400 millones de pesos relacionado con la concesión de áreas verdes y las irregularidades detectadas por la Contraloría, que llevaron a la formalización del ex administrador municipal, Richard Guzmán.
La creación de la comisión investigadora fue el resultado de un extenso debate, que incluyó discusiones en tres comisiones previas, con el objetivo de asegurar la transparencia y claridad del proceso.
La concejala Carolina Chávez, quien había planteado previamente el tema del juicio de cuentas contra el alcalde Benavente y otros funcionarios, destacó la importancia de la comisión para proteger el patrimonio municipal y garantizar la probidad. «Esta comisión es muy relevante porque existe un juicio de cuentas que ha demostrado que existió un daño importante al patrimonio de la municipalidad, además de un oficio de Contraloría que confirma irregularidades dentro de la administración, por lo que esta comisión investigadora viene a determinar qué acciones debemos seguir».
La concejala Brígida Hormazábal calificó la decisión como un hecho «histórico» para Chillán y resaltó la unanimidad del concejo en la creación de la comisión. «La comisión investigadora es un resorte de los concejales para poder, de acuerdo a la ley, investigar casos puntuales en situaciones donde se puedan ver dañados los recursos del municipio. Acá no estamos sancionando nada, sino que estamos iniciando, como su nombre lo dice, una investigación para determinar si es que existe algún tipo de responsabilidad».
Por su parte, la concejala Catalina Sandoval, presidenta de la Comisión de Medioambiente, celebró la aprobación de la comisión investigadora, señalando que permitirá determinar si existió responsabilidad administrativa por parte del municipio, especialmente en el caso de la concesión de áreas verdes, que generó un perjuicio de más de 1.400 millones de pesos.
SOJ
