La investigación desformalizada de la fiscalía a Karol Cariola e Irací Hassler, da cuenta de un deterioro institucional que supone un riesgo para la democracia en cuanto situaciones de esta naturaleza se van haciendo repetitivas.
Por una parte más allá de la legítima postura política de cada cual, resulta francamente deplorable que a una persona que no se encuentra en calidad de imputada, ni formalizada se le allane y se le solicite la entrega con una orden judicial en un momento tan sensible y de recogimiento familiar como en el que se da a luz a la vida de un hijo. Resulta inoportuna total la diligencia efectuada, de un descriterio sin límites y requiere de perfeccionar y mejorar la legislación para asegurar protocolos en el futuro orientados a facilitar el trabajo investigativo con un mayor respeto humano.
Por otra parte resultan preocupantes las contradicciones de Cariola y un actuar público bastante poco cuidado, si bien la oportunidad de la censura a la mesa de la cámara puede ser bastante discutible, las trabajadoras comunes y corrientes no rompen el post natal para volver a su trabajo, por muy delicada que sea una cuestión a tratar y la puesta en escena resulta bastante poco sobria y en ningún caso a la altura de las instituciones de la República por las cuales parece haberse perdido el respeto y expuesto su dignidad.
Pero eso no es todo, no puedo no volver sobre el actuar de la Fiscalía, las filtraciones desde los aparatos electrónicos de los investigados ya se han hecho comunes, incluso respecto de diálogos llenos de morbo, que no tienen que ver con los hechos punibles sujetos de investigación, afectando en algunos casos la propia investigación, exponiendo la privacidad de sujetos de investigación, dañando la honra de personas y facilitando un escarmiento público sin derechos procesales propio de los tiempos de la inquisición o de tribunales intervenidos en Regímenes totalitarios en otras épocas de la historia reciente en la URSS u otros Estados que vivieron en la excepción del respeto a las garantías naturales y respeto a los derechos fundamentales, lo que supone un retroceso grave del que el Fiscal Valencia, debe hacerse cargo en cuanto responsabilidades, políticas y legales. Se trataría de otra materia que requiere perfeccionamiento legal, el derecho a la privacidad y la honra debe ser resguardado con especial celo en tiempos de masificación de la información.
Luego cabe analizar qué entendemos por tráfico de influencias y cuales son sus límites así como una comprensión adecuada del trabajo parlamentario.
Los diputados y senadores de la República cumplen con funciones legislativas, representativas y fiscalizadoras en el caso de la cámara de diputados.
La naturaleza de la función representativa tiene que ver con representar el sentir de los ciudadanos de sus respectivos distritos y circunscripciones, y convertirse en un nexo facilitador entre la ciudadanía y el Estado no para saltarse fila alguna, ni dispensar privilegios pero sí para hacer sentir sus realidades y en muchos de los casos asegurar la protección de los derechos ciudadanos o apelar al buen criterio en el ejercicio de la función pública de determinadas autoridades para superar situaciones de conflicto y esto va a alcanzar en algunos casos hacer escuchar demandas de la sociedad civil organizada y representar directa o indirectamente determinados intereses de sindicatos, gremios, ONGs, organizaciones comunitarias territoriales y un largo etc..
Entonces estaríamos frente a otra materia que requiere por una parte dejar de criminalizar cualquier diálogo y al mismo tiempo perfeccionar la legislación y los procedimientos para evitar que se pueda producir situaciones de corrupción.
Agreguemos la liviandad del gobierno para opinar del ejercicio de las funciones de otros poderes y órganos autónomos del Estado, el debilitamiento de la observancia del principio fundamental que debe ser inviolable para la sostenibilidad de la democracia, de respeto irrestricto de la igualdad jurídica y democrática. Cabe señalar que por injusto que pueda resultar algún procedimiento a los ciudadanos comunes y corrientes, no sale a defendernos el Presidente de la República y el Gobierno institucionalmente.
Los análisis y comentarios expuestos van acompañados de sugerencias de corrección y o perfeccionamiento legislativo, reglamentarios y de protocolos orientados a la comprensión qué la primera responsabilidad de un Estado es la protección, promoción y garantía de los derechos fundamentales y el ordenamiento político e institucional debe estar orientado a la protección de libertades, derechos fundamentales y la dignidad humana. Se trata de instituciones liberales que en nuestro caso se conjugan con los valores fundacionales qué inspiraron la formación de las repúblicas modernas. Todo el triste espectáculo descrito da cuenta de un enorme retroceso civilizatorio y una fragilidad institucional que daña la propia democracia en cuanto sistema de convivencia colectiva.
La solidez y la confianza en las instituciones sirve de base para la certeza jurídica y la estabilidad necesaria para alcanzar la paz y avanzar hacia la prosperidad material e impulsar el progreso entendido como la mejora de la condición humana. La fragilidad institucional y del Estado han quedado al desnudo y muestra incompatibilidad con el propósito de promover la paz y la prosperidad.
* Augusto Parra Ahumada, presidente de la Fundación República en Marcha
