El presidente de la Comisión, diputado Miguel Mellado (RN), suspendió abruptamente la sesión e informó que enviarán un oficio a la Contraloría para que determine la imposición de una multa. La decisión fue tomada tras el testimonio del asesor Miguel Crispi, quien, en medio de la sesión, explicó que no podía compartir ciertos contenidos debido a las cláusulas de confidencialidad estipuladas en su contrato. «Lo que señalo es que, en mi opinión y función legal, hay contenidos que no puedo compartir», expresó Crispi, quien además leyó un extracto de su contrato: «confidencialidad y no divulgación de la información en cualquiera de los formatos a los que tuviese acceso, con ocasión de las labores que realice en virtud de lo estipulado en este instrumento, mientras dicha información no sea de carácter público de acuerdo a la ley».
El asesor defendió su postura asegurando que la cláusula de confidencialidad era clara y explícita, destacando que protegía un espacio deliberativo que contenía información sensible vinculada a la Presidencia de la República. «No estoy agregando una coma, es explícito lo que dice mi contrato respecto a una cláusula de confidencialidad que, precisamente, protege un espacio deliberativo», recalcó.
Ante estas declaraciones, la diputada Gloria Naveillan solicitó que se oficie a la Contraloría para que evalúe la legalidad de dicha cláusula, argumentando que, si todos los contratos gubernamentales incluyeran disposiciones similares, se estaría vulnerando una facultad constitucional de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (FA) defendió la actuación de Crispi, afirmando que el asesor estaba cumpliendo con su obligación legal y criticó el desarrollo de la sesión, calificando la situación como un «show». Indicó que se debería atener a lo que señalara la Contraloría, la Constitución y el contrato de trabajo de Crispi.
En medio de las intervenciones, el presidente de la Comisión instó a los parlamentarios a hacer preguntas, pero la diputada Marisela Santibáñez (Ind.) se sumó a las críticas de Ibáñez y también expresó su frustración. Al igual que la diputada Carolina Tello (PC), Santibáñez consideró que la situación estaba siendo mal manejada. Sin embargo, cuando el diputado Álvaro Carter (Ind. pro UDI) tomó la palabra, sin hacer preguntas pero sí una reflexión, Santibáñez expresó su molestia y decidió retirarse de la sala.
Carter aprovechó su intervención para cuestionar el desempeño de Crispi como asesor presidencial, sugiriendo que el Presidente de la República debería destituirlo. «Es el peor asesor de La Moneda, ha metido a La Moneda en todos los problemas habidos y por haber», señaló, criticando además que Crispi no asumiera responsabilidades en relación con los hechos que involucraban a la Presidencia».
El diputado Mellado, retomando la palabra, consultó a Crispi si había sugerido al Presidente convocar a los ministros para informarles sobre la denuncia que pesaba sobre el ministro Monsalve. Crispi respondió que la tarea de convocar a los ministros correspondía exclusivamente al Presidente, y reiteró que no podía compartir detalles sobre el espacio deliberativo del Presidente. En cuanto a la gravedad de la denuncia, Crispi explicó que no recordaba con precisión si había mencionado la necesidad de convocar un gabinete, pero subrayó la seriedad de la situación.
Al ser interrogado sobre su asesoría en relación con la presencia del ministro Monsalve en el ex Congreso el día en que se hizo pública la denuncia, Crispi negó haber recomendado o tenido una intervención directa en esa decisión, aclarando que no todas las situaciones generaban una asesoría directa por parte de su equipo.
Finalmente, ante la negativa de Crispi a responder las preguntas y respaldado por su contrato de confidencialidad, el diputado Mellado anunció que enviarán los antecedentes a la Contraloría para que inicie un procedimiento disciplinario y, de ser necesario, aplique la correspondiente multa. «No va a responder las preguntas, por lo tanto, esta sesión se levanta», concluyó el presidente de la Comisión.
SOJ
