Expertos advierten sobre la posible disminución de la capacidad de respuesta ante desastres naturales, incendios forestales y situaciones de emergencia. Asimismo, se cuestiona la reducción de recursos destinados a la vigilancia marítima y el patrullaje de la frontera norte y en la macrozona sur (Biobío y La Araucanía) funciones esenciales para combatir el crimen organizado, trafico de drogas, explotación forestal ilegal y proteger la soberanía del país.
El Gobierno de Chile ha aplicado una sorpresiva, no informada ni socializada reducción presupuestaria al Ejército y la Armada, como parte de una medida preventiva de ajuste del gasto público. Esta decisión, acordada en noviembre de 2024 durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025, responde a la necesidad de mantener la estabilidad fiscal ante la nula expansión económica y las alertas del Consejo Fiscal Autónomo sobre los ingresos fiscales.
En concreto, el Ejército de Chile verá su presupuesto reducido en 19 mil millones de pesos (19,1 millones de dólares), mientras que la Armada de Chile experimentará una disminución de 13.500 millones de pesos (13,7 millones de dólares). Estos recortes afectarán los gastos de personal y generales de ambas instituciones.
La Ley de Presupuestos 2025 estableció la obligación de implementar una rebaja preventiva del gasto público durante los primeros días de enero, por un total de 544 mil millones de pesos (alrededor de 600 millones de dólares). Con esta medida, el aumento del gasto, en relación al presupuesto 2024, se redujo del 2,7% propuesto inicialmente al 2,0%.
Originalmente, la Ley de Presupuestos 2025 contemplaba una partida consolidada estimada en 822 millones de dólares para el Ejército y de 609 millones de dólares para la Armada. Estos fondos estaban destinados a financiar gastos generales como sueldos, bienes de consumo y servicios necesarios para su operatividad, pero no incluían inversiones en capacidades estratégicas de defensa, que se financian con una ley separada.
¿Debilitamiento de las FFAA?
El debate sobre los recortes presupuestarios en el sector Defensa ha generado preocupación en diversos ámbitos. En la columna Anthena Lab, el expeerto en materia de defensa, Richard Kouyoumdjian plantea que la reducción de recursos pueda afectar las capacidades operativas y estratégicas de las Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo la seguridad nacional.
En el ámbito operativo, el especialistas en defensa, advierte sobre la posible disminución de la capacidad de respuesta ante desastres naturales, incendios forestales y situaciones de emergencia. Asimismo, se cuestiona la reducción de recursos destinados a la vigilancia marítima y el patrullaje de la frontera norte y en la macrozona sur (Biobío y La Araucanía) funciones esenciales para combatir el crimen organizado, trafico de drogas, explotación forestal ilegal y proteger la soberanía del país.
En cuanto a las capacidades estratégicas, Kouyoumdjian plantea la preocupación por la reducción de horas de entrenamiento, navegación y vuelo, lo que podría afectar la preparación y eficiencia de las Fuerzas Armadas. También se señala la dificultad para implementar mejoras en el Servicio Militar y completar las dotaciones de personal.
Se entiende la necesidad de ajustar el gasto público, pero cuestiona la focalización de los recortes en el sector Defensa. Propone, en cambio, reducir el tamaño del Estado en áreas no prioritarias y optimizar el gasto público en lugar de debilitar instituciones fundamentales para la seguridad nacional.
Hacienda
El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que esta medida se complementa con la actualización de las proyecciones de ingresos y balances fiscales que se realizará en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del año. De acuerdo a esta actualización, se harán los ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales del año 2025.
Por su parte, la Directora de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez, detalló que los ajustes se realizarán de manera uniforme en los subtítulos presupuestarios de gastos en bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros y transferencias de capital, con un ajuste adicional en el gasto de personal. Sin embargo, aclaró que esta reducción no afectará áreas sensibles como salud, policías, Gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda.
SOJ
