El proyecto «Gas a Precio Justo», lanzado en 2022 desde la Refinería de Hualpén, con el objetivo de entregar gas a un precio más económico a las familias chilenas, ha terminado siendo un dolor de cabeza para el gobierno. La iniciativa, que fue impulsada por los entonces ministros Claudio Huepe y Giorgio Jackson, no logró los resultados esperados y ahora enfrenta serias críticas por parte de la Contraloría General de la República.
la Contraloría General de la República, que acusa al gobierno de no haber reembolsado a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) los más de 517 millones de pesos utilizados para financiar este plan piloto.
La iniciativa, que buscaba beneficiar a 100 mil familias, resultó ser completa e indefectiblemente inviable y económicamente insostenible. Cada cilindro de gas entregado a través de este programa tuvo un costo para el Estado de $117.000, muy por encima de lo proyectado inicialmente. Además, el alcance del programa fue mucho menor del esperado, beneficiando solo a 3.000 personas.
La Contraloría ha sido clara en señalar que la Subsecretaría de Energía debe acreditar las gestiones realizadas para devolver los fondos a ENAP. Este hecho ha generado una serie de cuestionamientos sobre la planificación y ejecución del proyecto, así como sobre la responsabilidad de quienes lo impulsaron.
La Contraloría ha determinado que el gobierno aún no ha reembolsado a Enap los más de 500 millones de pesos utilizados para financiar el piloto del programa. Además, el ente fiscalizador ha ordenado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades por esta situación.
El fracaso del proyecto «Gas a Precio Justo» se debe a diversos factores, entre ellos una mala planificación, una ejecución deficiente y un sobrecosto significativo por cilindro. A pesar de las buenas intenciones, la iniciativa no logró cumplir con su objetivo de beneficiar a las familias de bajos ingresos y terminó generando un gasto innecesario para el Estado.
El gobierno ha reconocido las dificultades del proyecto y ha señalado que se están tomando las medidas necesarias para subsanar las irregularidades detectadas por la Contraloría. Sin embargo, este caso ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor rigurosidad en la planificación y ejecución de las políticas públicas.
La polémica en torno a «Gas a Precio Justo» no solo ha generado un daño a la imagen del gobierno, sino que también ha puesto en tela de juicio la capacidad del Estado para implementar políticas sociales efectivas. Es fundamental que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
SOJ
