Hasta ahora, 37 personas han confirmado su intención de demandar a la automotora Autal SPA, acusada de irregularidades que habrían generado perjuicios por más de 240 millones de pesos en la compra-venta de vehículos. Los abogados que representan a los afectados han señalado que están preparando las acciones legales correspondientes. La empresa ha admitido enfrentar serios problemas económicos, pero ha manifestado su intención de repactar y saldar las deudas pendientes. Mientras tanto, los primeros 10 afectados ya están en proceso de presentar querellas por los delitos de estafa y apropiación indebida.
En paralelo el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra la automotora Autal, acusada de un posible delito de estafa que afectaría a varios consumidores de la región del Biobío.
La acción tiene como propósito que el Ministerio Público inicie una investigación penal y determine las sanciones correspondientes, las cuales podrían incluir penas privativas de libertad para los responsables. La Directora Regional del SERNAC, Angélica Solar, sostuvo que “el objetivo de esta acción es que el ente persecutor, en base a sus competencias, inicie una investigación, las que pueden incluir penas de cárcel para la o las personas responsables”.
La denuncia fue impulsada luego de que el Servicio recibiera diversos reclamos de consumidores que indicaron haber sido perjudicados por varios incumplimientos por parte de la empresa. Entre las denuncias, algunos afectados mencionaron que, tras dejar sus vehículos en consignación, la automotora no les pagó el dinero acordado o solo les entregó una fracción mínima del valor de venta. Otros reportaron que sus autos fueron desmantelados. Además, varios consumidores informaron que compraron vehículos usados que presentaron fallas mecánicas graves, pero no recibieron respuesta ante sus reclamaciones. También hubo quienes señalaron que, tras adquirir autos, no se les entregó la documentación necesaria, como la transferencia de propiedad, como lo exige la normativa vigente.
De acuerdo con los antecedentes reunidos, la empresa habría cerrado sus sucursales en la región y no estaría disponible para responder a los afectados, lo que aumenta la gravedad de los hechos.
El SERNAC subraya que la Ley de Protección al Consumidor regula los incumplimientos contractuales, pero no cubre situaciones que puedan implicar delitos. En estos casos, es el Ministerio Público quien debe asumir la responsabilidad de investigar y perseguir penalmente a los responsables.
Derechos en la compra-venta de vehículos
La compra-venta de vehículos usados es un proceso que se basa en la confianza y la buena fe entre consumidores y empresas. Esta transacción, que representa una inversión significativa para los consumidores, debe ser tratada con el máximo profesionalismo por parte de las empresas.
Es fundamental recordar que los contratos son acuerdos entre el consumidor y la empresa, en los cuales se especifican los derechos y las obligaciones de ambas partes. Por ello, es esencial que los términos del contrato sean claros y verídicos, y que lo estipulado en la publicidad sea igualmente respetado, ya que lo prometido en dicha publicidad se considera parte del acuerdo contractual.
Además, los contratos no deben contener cláusulas abusivas que eximan a la empresa de su responsabilidad en caso de incumplimiento, ni cláusulas que permitan a la empresa modificar unilateralmente las condiciones del contrato. Tampoco son válidos los contratos con espacios en blanco que no hayan sido completados o anulados antes de la firma.
En el caso de dejar un vehículo en consignación con una automotora o concesionaria, es esencial que los consumidores comprendan todas las condiciones del contrato, incluyendo el porcentaje que la empresa retendrá por la venta y los plazos para el pago tras la transacción. Los consumidores tienen el derecho a recibir el pago en los plazos y cantidades acordadas, y las empresas deben cumplir con esos compromisos de manera íntegra.
El SERNAC reitera su compromiso de velar por los derechos de los consumidores y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones de manera transparente y responsable.
SOJ
