Nicolás Maduro ordenó la detención en Venezuela de 10 periodistas más académicos y estudiantes universitarios

El régimen de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por la comunidad internacional, ha intensificado su represión contra la oposición en Venezuela, con un nuevo ataque a la libertad de expresión y los derechos humanos. Este fin de semana, organizaciones como el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigieron la liberación inmediata de estudiantes, académicos y periodistas detenidos por el régimen.

El Consejo Universitario de la UCV emitió un comunicado en el que solicitaba la liberación de Manuel Muñoz, un estudiante de Derecho arrestado durante una protesta. Asimismo, pidió la liberación de otros detenidos, como los bachilleres Anthony Granadillo y Armando Solís, quienes han estado recluidos en la penitenciaría de Tocorón desde julio. El Consejo Universitario también denunció la situación académica como el profesor Jesús Armas y la abogada Rocío San Miguel, quien lleva 11 meses de prisión, así como el profesor Juan Barreto, quien se encuentra bajo confinamiento domiciliario. En su comunicado, la UCV destacó que estas detenciones son parte de una «campaña de intimidación» contra la sociedad civil, exigiendo que los detenidos sean liberados de acuerdo con las garantías constitucionales y legales vigentes.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) también alzó la voz para exigir la liberación de al menos 10 periodistas que permanecen secuestrados por el régimen. La organización denunció que estas detenciones constituyen una violación grave de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información. Los periodistas detenidos incluyen a Leandro Palmar (Zulia), Julio Balza, Carlos Correa, Biagio Pilieri, Roland Carreño, Gabriel González, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno (Distrito Capital), José Camero (Guárico) y Luis López (Lara). El SNTP señaló que la detención de periodistas y activistas representa un ataque directo a la democracia venezolana y a las bases democráticas del país.

SOJ