Pesca industrial en Concepción se moviliza en rechazo a la Ley de Fraccionamiento. Alcalde de Talcahuano: «Proyecto Nefasto»

La Región del Biobío se encuentra en vilo ante la tramitación de la Ley de Fraccionamiento en el Congreso. Más de 3.000 trabajadores de la pesca industrial salieron a las calles de Concepción para manifestar su profundo rechazo a esta iniciativa, la cual, según advierten, podría significar la pérdida de más de 6.500 empleos en la zona.

Los dirigentes de la pesca industrial han denunciado que la tramitación de esta ley en la Cámara de Diputados se realizó con un marcado sesgo ideológico, sin considerar las graves consecuencias que podría tener para el sector. Según aseguran, si el proyecto se aprueba en su estado actual, se generaría una crisis social y económica en la región.

Raúl Morales, dirigente de las plantas pesqueras de consumo humano, advirtió que esta iniciativa «solo traerá desempleo, en especial para las mujeres». Esta preocupación ha sido compartida por el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, quien tildó el proyecto de «nefasto» y anunció que, junto al gobernador Sergio Giacaman, se presentarán ante la Comisión de Pesca del Senado para exponer los graves efectos que tendría esta ley en la región.

Por su parte, el seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, reconoció las diferencias entre el proyecto original presentado por el Gobierno y el que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Asimismo, admitió que el fraccionamiento de la merluza podría generar problemas en ciertos sectores de la industria pesquera.

Es importante destacar que el senador Fidel Espinoza, presidente de la Comisión de Pesca del Senado, ya ha manifestado su preocupación por el proyecto y ha señalado la necesidad de realizar mejoras significativas antes de aprobarlo.

Conclusiones:

La movilización de los trabajadores de la pesca industrial en Concepción refleja la profunda preocupación que existe en la región ante la posibilidad de que se apruebe la Ley de Fraccionamiento en su estado actual. Las autoridades locales y regionales han unido fuerzas para exigir al Congreso una discusión más profunda y una evaluación exhaustiva de las consecuencias de esta iniciativa.

SOJ