En un importante fallo, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha anulado un dictamen emitido por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, que limitaba significativamente los derechos de los funcionarios públicos. Este dictamen buscaba restringir la posibilidad de que los trabajadores del Estado pudieran recurrir a la Contraloría alegando vulneraciones al principio de «confianza legítima».
La decisión judicial representa un triunfo para los derechos de los trabajadores públicos, al garantizar que puedan acceder a los mecanismos de protección establecidos por ley. Al suspender el dictamen de la Contraloría, la Corte ha reafirmado la importancia de este principio jurídico, que otorga a los funcionarios una expectativa razonable de continuidad en sus empleos cuando cumplen con sus obligaciones de manera adecuada.
Este fallo judicial no solo protege los derechos individuales de los trabajadores, sino que también contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y a garantizar una administración pública más justa y transparente. Al obligar a la Contraloría a seguir revisando los reclamos de los funcionarios, la Corte ha enviado un claro mensaje sobre la necesidad de proteger los derechos de todos los ciudadanos.
SOJ
