La Contraloría General de la República ha emitido un nuevo dictamen que busca aclarar los criterios para determinar la existencia de confianza legítima en los contratos administrativos, un tema que ha generado diversas interpretaciones en la jurisprudencia.
En el documento N° E561358/2024, firmado por la actual directora Dorothy Pérez Gutiérrez, la Contraloría reitera que las continuas renovaciones de un contrato generan en los funcionarios una expectativa razonable de que dicha práctica se mantendrá en el futuro, lo que configura una situación de confianza legítima. Sin embargo, el organismo fiscalizador precisa que la Corte Suprema ha establecido un plazo mínimo de cinco años de servicio para que este derecho se consolide.
El Consejero Regional y ex gobernador por Concepción, Luis Santibáñez Bastidas, sostuvo que «este dictamen de la Contraloría General de la República traerá mucha incertidumbre entre los funcionarios públicos. Sobre todo ad portas de la asunción de nuevos alcaldes y gobernadores. Es una señal que a mi entender, debilita la carrera funcionaria y la legítima confianza como generador de un Estado mucho más eficiente y eficaz en sus roles constitucionales y rectores».
Bastan 5 años
En términos simples, si un funcionario ha sido contratado por un organismo público y su contrato ha sido renovado de manera ininterrumpida durante al menos cinco años, este funcionario puede tener un derecho adquirido a que su contrato siga renovándose, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la normativa vigente.
La importancia de la confianza legítima
El concepto de confianza legítima es fundamental en el derecho administrativo, ya que protege los derechos de los funcionarios públicos y garantiza la estabilidad en las relaciones laborales. Sin embargo, es importante destacar que la existencia de confianza legítima no implica un derecho absoluto a la renovación indefinida de un contrato, sino que debe evaluarse caso por caso y en el marco de la normativa aplicable.
¿Qué implica este dictamen para los funcionarios públicos?
Este nuevo dictamen de la Contraloría proporciona una mayor claridad sobre los criterios para determinar la existencia de confianza legítima en los contratos administrativos. Sin embargo, es fundamental que los funcionarios públicos se asesoren de manera adecuada para conocer sus derechos y obligaciones en cada caso concreto.
¿Qué implica este dictamen para las instituciones públicas?
Las instituciones públicas deben tener en cuenta este nuevo criterio al momento de tomar decisiones sobre la renovación de contratos. Es importante que se evalúe cuidadosamente cada situación y se asegure el cumplimiento de la normativa vigente.
En resumen, el dictamen de la Contraloría General de la República establece un nuevo parámetro para determinar la existencia de confianza legítima en los contratos administrativos, lo que tendrá un impacto directo en las relaciones laborales en el sector público.
