El Congreso aprobó una nueva ley que busca regular los funerales de alto riesgo, especialmente aquellos asociados al crimen organizado. La iniciativa, que fue aprobada en su tercer trámite constitucional, establece nuevas normas para limitar la duración de estos eventos y restringir la posibilidad de realizar recorridos por las calles.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió la ley argumentando que busca proteger la seguridad pública y evitar que estos funerales se conviertan en manifestaciones de poder de grupos criminales. «No se trata de ‘naturalizar’ estos hechos, sino de establecer un marco legal que permita controlarlos», afirmó la ministra.
Sin embargo, la oposición expresó sus reservas sobre la nueva ley. El diputado Andrés Longton (RN) criticó que la iniciativa sobrecargue a Carabineros con nuevas responsabilidades administrativas, restando recursos para su labor principal de resguardar el orden público.
Por su parte, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) defendió el proyecto, asegurando que busca evitar el caos y la violencia asociados a estos funerales. «La derecha parece favorecer el desorden en las calles», acusó Araya.
Principales puntos de la nueva ley:
- Reducción del tiempo de velorio: Los velorios se limitarán a 24 horas.
- Restricción de los recorridos: Los recorridos fúnebres serán supervisados y autorizados por Carabineros.
- Sanciones más severas: Se aumentarán las penas para quienes alteren el orden público durante estos eventos.
Debate en el Congreso:
La aprobación de la ley generó un intenso debate en el Congreso, con la oposición cuestionando la efectividad de la medida y el gobierno defendiendo su necesidad. Los principales puntos de discusión fueron:
- La carga administrativa para Carabineros: La oposición argumentó que la nueva ley aumentará la burocracia policial.
- La efectividad de la medida para combatir el crimen organizado: Algunos diputados dudaron de que la ley sea suficiente para enfrentar este problema.
- La supuesta «validación» de los narcofunerales: La oposición acusó al gobierno de «normalizar» estos eventos.
En resumen, la nueva ley busca regular los funerales de alto riesgo para evitar que se conviertan en focos de violencia y desorden público. Sin embargo, su implementación plantea desafíos y ha generado un intenso debate político.
