En la mayor parte del país, los vocales de mesa trabajaron 28 horas: 10 el sábado y al menos 18 horas durante el domingo y la madrugada del lunes. Fueron 3,5 días laborales de ocho horas cada uno y se les va a pagar sólo dos días: $38.000. Además debieron de disponer de recursos propios para financiar alimentación y en la madrugada del lunes taxi o móviles de aplicación. Algunos ocuparon sus propios vehículos para trasladarse, también a costo personal. En paralelo, otros encargados de mesas regresaron a sus domicilios a pie, arriesgando de ser asaltados y otros prefirieron permanecer en los locales de votación esperando que desde las seis de la madrugada comenzará a funcionar el transporte público. Los empleados y estudiantes, a pesar de haber dormido muy pocas horas o nada, tuvieron que concurrir a sus trabajos y lugares de estudios como cualquier lunes normal. A pesar de todo lo anterior, después de que la mayor parte de los vocales de mesa, ocuparon dinero propio para financiar las votaciones, responsabilidad del Estado, el gobierno a través del ministro Marcel rechaza la solicitud de pagar a las personas -que por imposición de la Ley- deben cumplir con el proceso electoral. Esta es la segunda vez que ocurre un caso de esta naturaleza, la anterior ocurrió en abril de 2021, cuando también hubo que elegir a autoridades municipales y de los gobiernos regionales.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazó la posibilidad de otorgar un bono adicional para los vocales de mesa que trabajaron en las recientes elecciones municipales y regionales, argumentando que no hay disponibilidad fiscal para destinar más recursos en este sentido. La solicitud había sido presentada por el Servicio Electoral (Servel) mediante un proyecto de ley «urgente», el cual proponía una asignación de aproximadamente $38 mil pesos para los vocales de mesa.
A pesar de que la iniciativa contó con respaldo en la Cámara, donde varios parlamentarios la consideraron «lógica» debido a la intensidad de la doble jornada electoral, el ministro Marcel explicó que el Gobierno ya había incrementado de manera «significativa» el presupuesto destinado a estas elecciones. Recordó que, además de los costos inherentes al proceso electoral, también se asignaron fondos para el transporte gratuito de votación y para garantizar la disponibilidad de establecimientos educativos para las votaciones.
«Cumplimos con los recursos comprometidos cuando se legisló sobre el proceso electoral, pero no tenemos margen para continuar aumentando el gasto en un esfuerzo que ya ha sido considerable en términos financieros», subrayó Marcel, dando por cerrada la posibilidad de financiar el bono extraordinario.
