La Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo en estos días un importante operativo en el marco del Caso Convenios, en específico centrado en la arista que involucra a la Fundación ProCultura. El allanamiento a 14 domicilios en las ciudades de Santiago y Concepción incluyó la residencia de Alberto Larraín, cofundador de la ONG, quien enfrenta serias acusaciones relacionadas con la administración de la entidad, según recogió el medio La Tercera. Las investigaciones, dirigidas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se centraron en el líder de la organización y la representante legal de la fundación, María Constanza Gómez.
De acuerdo con fuentes judiciales del citado medio, los detectives lograron recuperar servidores que se creían desaparecidos, así como incautar el celular y computadores de Larraín, los cuales son cruciales para la indagatoria. “Se realizaron diligencias planificadas desde hace varias semanas, buscando evidencias relacionadas con el uso indebido de recursos y posibles delitos financieros”, indicó el teniente coronel a cargo del operativo.
Las indagatorias han revelado que la Fundación ProCultura es objeto de una investigación que abarca ocho regiones del país, involucrando a su cúpula directiva, incluyendo contadores y personal operativo. La PDI está analizando información de bases de datos y correos electrónicos de la organización, buscando vincular la información con los millonarios convenios firmados con gobiernos regionales y secretarías regionales ministeriales. Ambos personajes investigados, Larraín y Gómez, han optado por guardar silencio en sus declaraciones, en tanto que se han presentado discrepancias en su defensa.
