En acuerdo decisión de la corte suprema sobre la posible remoción de la ministra Ángeles Vivanco

La defensa de la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentó sus argumentos ante las acusaciones contenidas en el cuaderno de remoción en su contra. Cristóbal Osorio, abogado a cargo de la defensa, se centró en desestimar los siete cargos que se le imputan, que incluyen diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La exposición de Osorio, que duró un poco más de una hora, incluyó breves recesos. Durante la audiencia, la relatora de la Corte Suprema, Iara Barrios, expuso los puntos que llevaron a la apertura del proceso de remoción. Confirmó que un oficio reservado del Ministerio Público corroboró la información proporcionada por Ciper, lo que desencadenó este procedimiento.

Osorio argumentó que no hay pruebas suficientes para justificar la remoción y sugirió que sería más adecuado iniciar un procedimiento disciplinario en lugar de proceder con la remoción. Además, comparó el caso de Vivanco con un incidente en 2018 relacionado con la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde se optó por una investigación disciplinaria antes de considerar una remoción.

El abogado también cuestionó la legitimidad de las pruebas presentadas, alegando que habían sido obtenidas de manera ilícita y carecían de integridad. Criticó al fiscal nacional, Ángel Valencia, por no enviar todos los mensajes de chat relevantes, presentando solo una selección.

Osorio abordó cada uno de los cargos en detalle, argumentando que no cumplían con los estándares requeridos o estaban prescritos. En cuanto a la acusación de interferencia en el nombramiento del fiscal nacional, destacó que el encuentro entre Vivanco y Carlos Palma se llevó a cabo en el contexto de una actividad pública.

Finalmente, el pleno de la Corte Suprema se retiró a deliberar sobre el caso antes de emitir su resolución sobre el futuro de la ministra Vivanco. Los cargos que enfrenta incluyen interferencia en nombramientos de fiscales y conservadores de bienes raíces, irregularidades en causas judiciales y la entrega de información sensible antes de que se notificaran las sentencias.

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