El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, emitió un comunicado en el cual advierte que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no puede atribuirse funciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral. Se adelantó así a los resultados del proceso de autenticación, que el TSJ (controlado por el chavismo) realiza, sin mostrar al público las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Recordó además que la Constitución de Venezuela establece el carácter inalienable de la soberanía popular, manifestada a través del voto. La oposición denuncia que el Gobierno ha montado un fraude para no reconocer su triunfo.
«Invade deber exclusivo del Poder Electoral»
“El Consejo Nacional Electoral debe hacer valer lo que el pueblo ha ordenado, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, afirmó González Urrutia, reivindicando de nuevo su victoria electoral. “La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa en la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público, y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no está facultada en circunstancia alguna para ejercer las funciones que está ejerciendo. De hacerlo, estaría violando el principio de la separación de los poderes públicos, como está claramente establecido de forma y fondo en la Constitución Nacional. Estaría el TSJ invadiendo un deber exclusivo del Poder Electoral y pisoteando la decisión del pueblo”.
Una vez que el Consejo Nacional Electoral, presidido por Elvis Amoroso, declarara a Nicolás Maduro como candidato ganador la noche del pasado 28 de julio, el Poder Electoral denunció un hackeo a sus estructuras, y en lo sucesivo cerró sus puertas sin ofrecer reporte alguno de las actas de votación a los candidatos participantes, ni información detallada de los votos en las mesas, como acostumbra. Desde entonces, Amoroso y el resto del CNE han guardado silencio. Cuando la oposición impugnó el anuncio del TSJ, casi inmediatamente publicó un amplio arqueo de las actas digitalizadas en una página web, conseguidas por sus testigos y muchos colaboradores anónimos en exigentes pesquisas realizadas aquella misma noche. La líder opositora, María Corina Machado, invitó a quien quisiera a que cotejara las actas colgadas en la página, desafiando el hermetismo del CNE, y declaró ganador a Edmundo González Urrutia.
Testigos electorales judicializados
Esta circunstancia, y las protestas de la población luego del anuncio —en las cuales se derrumbaron nueve estatuas de Hugo Chávez en todo el país el día de su cumpleaños—, provocaron la ira del Gobierno, que reprimió con dureza las protestas, mientras denunciaba “una nueva conspiración del fascismo”. Muchos testigos electorales han sido judicializados y acusados de formar parte de una conspiración. El dirigente chavista Jorge Rodríguez denunció que las actas electorales que tiene en su poder la oposición son forjadas. En medio de la polémica, Maduro anunció que él tenía todas las actas, y pidió al TSJ, “como máximo tribunal de la República”, dirimir la disputa sobre los resultados, para lo cual ha consignado, sin mostrar al público, las actas de votación de la noche electoral.
La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, se declaró competente para atender el caso y prometió un peritaje detallado de cada acta, con el objeto de verificar su veracidad y otorgarle legitimidad institucional al ganador. El canal estatal Venezolana de Televisión ofrece reportes periódicos del trabajo de conteo y verificación de los técnicos. Pero los técnicos de la oposición argumentan que las actas de votación son instrumentos muy complejos de vulnerar, con firmas electrónicas, un papel específico y un código QR, y que sería muy fácil constatar si son o no auténticas. “Hay gente que dice que ellos (los chavistas) están trabajando para mostrar unas actas”, dijo María Corina Machado en la última concentración de la oposición en Caracas. “Ojalá lo hagan. Sería la prueba pública de un fraude. Los estoy esperando: publiquen sus actas”, agregó en medio de una ovación general.
Despidos masivos en medio de comunicación
Mientras tanto, el candidato presidencial del partido Centrados en la gente, Enrique Márquez, solicitó la recusación de Caryslia Rodríguez, la presidenta del Supremo, en este contencioso, “porque no ha ocultado, ni en el pasado ni en el presente, sus vínculos políticos con el partido de Gobierno. Mal puede un juez impartir justicia si no es imparcial”. En otro orden, se supo que en la estatal Venezolana de Televisión se han producido despidos masivos por causas políticas, al enterarse la alta gerencia de las posiciones políticas personales de muchos trabajadores que apoyan las denuncias de fraude electoral.
María Corina Machado difundió el miércoles último un mensaje grabado, donde insta a los empleados estatales a que se sumen al cambio que la oposición propone. “El régimen ha tratado siempre de forma despótica a los empleados públicos: te obliga a vestir de rojo, pasa una lista, te presiona, te amenaza, te revisa el teléfono. Eso es aberrante, es humillante. Pretenden aterrar a los empleados públicos. Ustedes son mayoría, y los jerarcas del régimen una minoría. Ustedes también quieren este cambio, tanto como yo”, les dijo.
