La reciente renuncia del delegado presidencial de Ñuble, Anwar Farrán, ha puesto de relieve irregularidades en su nombramiento, las cuales han generado gran controversia y cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República y parlamentarios de la UDI.
Farrán, quien asumió el cargo en diciembre de 2023, no habría cumplido con el requisito legal de residencia mínima de dos años en la región. Esta situación generó dudas desde el inicio, lo que motivó a los senadores Gustavo Sanhueza y Marta Bravo a solicitar la intervención de la Contraloría.
En marzo de 2024, la Contraloría confirmó que no existía resolución alguna que acreditara a Farrán como delegado. A pesar de ello, el Ministerio del Interior no habría enviado el decreto de nombramiento hasta abril de ese mismo año, un mes y medio después del pronunciamiento del ente fiscalizador.
Esta tardanza y la falta de documentación legal han sido calificadas como «extremadamente graves» por los parlamentarios UDI, quienes acusan al Ministerio del Interior de «avalar un grave acto de ilegalidad» y de «negligencia inexcusable».
Las irregularidades no solo se limitan al caso de Farrán. En el nombramiento del anterior delegado, Gabriel Pradenas, el decreto habría sido presentado por el Ministerio del Interior cuando Pradenas ya no se encontraba en el cargo, lo que también fue advertido por la Contraloría.
Las consecuencias de estas irregularidades aún están por definirse. Se espera que la Contraloría emita un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de los actos realizados por Farrán durante su gestión. Además, no se descarta la apertura de acciones legales en contra del Ministerio del Interior.
Este caso pone en tela de juicio la transparencia y el rigor con el que se realizan los nombramientos de autoridades públicas. Es fundamental que se investiguen a fondo las irregularidades detectadas y que se tomen las medidas necesarias para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.
La ciudadanía merece contar con autoridades que actúen con apego a la ley y la ética pública. La destitución de Farrán y las investigaciones en curso son un paso en la dirección correcta, pero se requiere un compromiso firme por parte de las autoridades para garantizar la transparencia y la probidad en la gestión pública.
