A menos de un mes de la entrada en vigor de la Ley Karin, diseñada para combatir la violencia de género en el trabajo, el Gobierno ha retirado el reglamento correspondiente de la Contraloría General de la República. Esta medida ha generado incertidumbre entre las empresas, que esperan orientación clara sobre los procedimientos de investigación de acoso sexual y laboral.
La Ley Karin, promulgada en enero de este año, busca establecer un entorno laboral más respetuoso en Chile. Sin embargo, el reglamento que define los detalles operativos para implementar la ley aún no ha sido aprobado por la Contraloría, lo que complica la preparación de las empresas para cumplir con las nuevas normativas.
La ley establece un marco obligatorio para que las empresas con más de diez empleados incorporen en sus reglamentos internos un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en los entornos de trabajo. Es decir, esta nueva normativa requiere acciones específicas que los empleadores deben cumplir, las cuales aún no están del todo definidas y comunicadas.
Según declaraciones de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el reglamento está en proceso de revisión por parte de la Contraloría y será reintroducido pronto con las modificaciones sugeridas. Esto es crucial, ya que la ley exige que las empresas con más de diez empleados incorporen protocolos específicos de prevención de acoso laboral y sexual en sus reglamentos internos.
Ley Uber
En paralelo, el Ministerio de Transportes también retiró de la Contraloría el reglamento que regula las aplicaciones de transporte, conocido como «Ley Uber». Esta acción responde a la necesidad de revisar el contenido del acto administrativo ante las críticas recibidas desde el sector de transporte de pasajeros.
Sólo un 15% de los conductores que actualmente están registrados podrían seguir trabajando, porque el resto no cumpliría con las exigencias en materia de cilindrada, antigüedad del vehículo o la licencia profesional que se exige. Y esto, de acuerdo con los mismos estudios que se han dado a conocer, provocaría que disminuyera la oferta de viajes en cerca de un 90%.
Desde Alianza In, gremio que agrupa a plataformas como Uber, Didi y Cabify, se mostraron dispuestos a colaborar en mejorar el reglamento para asegurar que no afecte negativamente la movilidad de los usuarios ni ponga en riesgo los empleos de los conductores.
Por su parte, diputados de la UDI como Cristóbal Martínez, Natalia Romero y Flor Weisse, valoraron la decisión del Gobierno de retirar el reglamento de la «Ley Uber», destacando la importancia de escuchar y abordar las preocupaciones planteadas por las aplicaciones de transporte y expertos del sector.
Esta pausa en la implementación permite al Gobierno reconsiderar los aspectos críticos de ambas leyes y buscar soluciones que aseguren su efectividad sin perjudicar a los sectores involucrados ni a la población en general.
