Cámara de Diputados aprueba proyecto que limita discrecionalidad presidencial cuando se entreguen pensiones de gracia

La Cámara Baja aprobó en general el proyecto que pretende limitar la discrecionalidad presidencial a la hora de entregar pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos, beneficio que ha sido cuestionado por su adjudicación a personas con antecedentes penales tras el estallido social. La propuesta, que une tres mociones presentadas por diputados de RN, UDI, Partido Republicano y Demócratas, así como independientes, recibió más de 90 votos a favor, entre ellos los del Partido Socialista. En concreto, la iniciativa establece que la entrega de cada beneficio debe quedar consignada en un Decreto Supremo fundado del Presidente de la República, el que posteriormente será objeto de toma de razón por parte de la Contraloría.

Plantea, por otro lado, que no proceda el otorgamiento cuando la afectación, incapacidad o dificultad fuere consecuencia, por ejemplo, de la «exposición imprudente al riesgo» por parte del solicitante, ni tampoco cuando las personas hayan sido condenadas por pena de crimen o simple delito. Para el diputado Johannes Kaiser (Bancada Socialcristiana), «este proyecto de ley es necesario, porque se ha dado que la gratitud política se ha impuesto por sobre los criterios que son comprensibles para nuestros conciudadanos a la hora de entregar una pensión de gracia». Acusó el ex republicano que «esos criterios no aplican a gente que vende pornografía infantil. A ese tipo de gente le entregaron pensiones de gracia. Y me podrán decir ‘esto fue un error’, pero yo no lo creo, porque se encuadra en aquello que, según mi apreciación, era la lógica de este Gobierno al entrar a la administración, y que era premiar a aquellos que se lo habían permitido a través de la violencia, el saqueo y el incendio».

Tras la amplia aprobación de la Sala, el proyecto volverá a la Comisión de Desarrollo Social para su tramitación particular. La presidenta de dicha instancia, Marlene Pérez (UDI), vio con buenos ojos el avance del proyecto, pues «viene a regular un instrumento que en un inicio era una forma de reconocimiento a quienes habían sido un aporte a la patria, pero lamentablemente después del estallido social esto se mal utilizó de una manera aberrante, y se le entregaron pensiones de gracia a delincuentes, a personas condenadas por homicidio, por robo, por violencia intrafamiliar. Esto no puede volver a ocurrir».

Socialistas apoyaron la propuesta

Durante el debate, las bancadas de Apruebo Dignidad anunciaron su voto en contra de la idea de legislar; sin embargo, los socialistas apoyaron la propuesta, sobre todo considerando las enmiendas presentadas por el Gobierno. «Este proyecto de ley, en su idea matriz, es importante y hay que aprobarlo, porque lo que hace es restringir la discrecionalidad», sostuvo el diputado PS, Leonardo Soto, puesto que «estos beneficios que entrega el Estado deben tener una rigurosa justificación humanitaria, desde el punto de vista del nivel socioeconómico, pero también de la legitimidad. Y no se puede entregar pensiones a personas que han cometido delitos, y delitos graves. Algunos incluso con posterioridad a recibirlas».

Comunistas rechazaron el proyecto

En contraste, la parlamentaria comunista, Daniela Serrano, advirtió que «este proyecto no es para desconcentrar las facultades que tiene el Presidente de la República. Es más bien un gusto político, de negar responsabilidades en vulneración de derechos que cometió el Estado, que son avances que hemos tenido que dar durante años, así que votamos en contra». Por su parte, la diputada -también oficialista- de Convergencia Social, Lorena Fries, aseveró que la iniciativa «atenta contra las facultades del Presidente de establecer las pensiones de gracia; por eso lo vamos a votar en contra, privilegiando el proyecto que el Gobierno presentó en el Senado, que recoge muchas de estas cosas, en la confianza de que esto es regular las pensiones, no controvertir el derecho a reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social».