De acuerdo a la información proporcionada por Gendarmería, al 1 de marzo de 2022 los extranjeros presos en cárceles chilenas eran 4.098. El 31 de marzo de 2024 llegaron a 8.057. Se trata de un alza de 96% bajo la administración Boric. Los ciudadanos bolivianos, colombianos y venezolanos predominan sobre otros países. En la Región de Tarapacá son más los reclusos extranjeros que los chilenos. “Esta situación no sólo perjudica a los ciudadanos chilenos, sino también a aquellos extranjeros que ingresan de forma regular y contribuyen positivamente a nuestra sociedad”, afirma Álvaro Bellolio, ex director del Servicio de Migraciones en Piñera 2.
La noche del miércoles 10 de abril, después de un tiroteo en Quinta Normal, el teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, 27, fue herido de muerte en un tiroteo. Sánchez había salido de una ceremonia evangélica con su esposa y un hijo de 3 años, e iba manejando su auto, cuando vio a un motochorro robando. Empezó a seguir a la moto, cuando apareció otro vehículo en el que habrían viajado 5 personas. Entonces comenzaron a dispararle. El oficial de la dotación Escuela de Especialidades logró herir a uno de ellos, quien murió en el hospital San Juan de Dios. Se trataba de Julio César González Vargas, un ciudadano venezolano que había ingresado a Chile por un paso no habilitado en Tarapacá, por lo que se decretó su expulsión el 10 de octubre de 2020. Más tarde se realizó el control de detención de otros 3 ciudadanos venezolanos. Dayaris Rozoco, venezolano que estaba prófugo, fue capturado días después en Colombia.
El homicidio del teniente Sánchez recordó el crimen del cabo Daniel Palma, protagonizado por una banda delictiva venezolana, hace un año. Palma Yáñez era motorista de Carabineros y la noche del 5 de abril de 2023 recibió un disparo en la cabeza cuando se aproximó a un automóvil detenido en avenida Matta, cuyos ocupantes habían participado minutos antes en una balacera. Murió la madrugada siguiente por un traumatismo encéfalo craneano. Tenía 33 años. El fenómeno mantiene en alerta al Gobierno. No sólo por la sobrepoblación carcelaria en el país y porque las cifras apuntan a un aspecto crítico en la seguridad pública, un flanco para la administración Boric, sino también por los efectos que tiene aquello en la sociedad. Una encuesta Cadem de abril mostró que un 90% de los chilenos piensan que deberían aumentar las restricciones en la política migratoria en el país, mientras que un 67% apoya un cierre completo de las fronteras y el 56% estima que un extranjero que cometa un delito debe ser expulsado inmediatamente (el 40% piensa que deben cumplir su condena en Chile y posteriormente ser expulsado).
El fenómeno migratorio en Chile excede ampliamente lo delictual. La última encuesta del CEP destacó la percepción hacia la inmigración. “El cambio en la percepción económica es alentador: mientras que hace una década el 63% de los chilenos creía que los migrantes les quitaban empleos, hoy solo el 30% comparte esta visión, con un 65% de la población que reconoce el aporte de los migrantes a la economía”, destacó en abril el coordinador académico del CEP, Sebastián Izquierdo. Según datos de Gendarmería, la población penal de extranjeros se duplicó entre marzo de 2022 y marzo de 2024. El 1 de marzo de 2022, los extranjeros presos en cárceles chilenas eran 4.098. El 31 de marzo de 2024 llegaron a 8.057. Vale decir, durante los 2 primeros años de la administración Boric, la población penal extranjera creció en 3.959 reclusos, lo que equivale a una tasa de 96%. Se trata del 14,4% del total de la población penal del país.
En el anterior gobierno, liderado por el ex Presidente Piñera, también hubo un alza en los presos extranjeros en Chile, pero en menor proporción, de acuerdo a la información que proporciona Gendarmería desde el 1 de enero de 2019. En esa fecha la población penal foránea sumaba 3.379 reclusos. El 1 de marzo de 2022, 11 días antes del cambio de mando, quedó en 4.098 presos, tal como se señaló anteriormente. Vale decir, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de marzo de 2022, la población penal extranjera creció en 719 reos. Se trata de un 21% de incremento. Al 31 de marzo de 2024, la mayor cantidad de reclusos extranjeros son ciudadanos bolivianos (2.203), seguido por colombianos (2.190) y venezolanos (2.141). Mucho más abajo están los presos provenientes de Perú (816), República Dominicana (240) y Ecuador (174).
La mayor cantidad de reclusos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta son bolivianos, tal como en el resto del país, aunque los venezolanos y colombianos le siguen. En la Región Metropolitana el fenómeno es distinto. Los ciudadanos colombianos y venezolanos son por lejos quienes lideran esta tabla. La mayor cantidad de presos extranjeros se sitúa en la Región Metropolitana, seguido por las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota. El mayor porcentaje de población penal, sin embargo, se encuentra en el norte. En Tarapacá llega al 50,9%, superando la cantidad de chilenos. Le siguen las regiones de Antofagasta (36,4%) y Arica y Parinacota (34,5%). La Región Metropolitana cuenta con un 14,8% de población penal extranjera.
El ex director del Servicio de Migraciones. Álvaro Bellolio, director del Servicio de Migraciones en el segundo gobierno del ex Presidente Piñera, señala lo siguiente respecto a las cifras de Gendarmería: «Muchos políticos y académicos sostienen que no existe una relación directa entre migración y aumento en los delitos, citando datos que son, en el mejor de los casos, de hace tres años. Debemos basar nuestras políticas públicas en información actual y relevante para enfrentar efectivamente los desafíos de hoy. Un gran número de extranjeros que actualmente cumplen condenas en Chile podría ser repatriado para cumplir sus penas en sus países de origen, aliviando así la sobrepoblación carcelaria. Esto es posible mediante la aplicación efectiva del Convenio de Estrasburgo, una herramienta subutilizada que podría significar un cambio significativo en la gestión de nuestra población penal».
Bellolio indica que «esta situación no sólo perjudica a los ciudadanos chilenos, sino también a aquellos extranjeros que ingresan de forma regular y contribuyen positivamente a nuestra sociedad. Debemos tomar medidas firmes para asegurar que Chile sea un lugar seguro tanto para nacionales como para inmigrantes que respetan nuestras leyes».
