SANTIAGO, 10 de mayo de 2024.- Fue ratificado por el Gobierno el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, y al mismo tiempo quedó confirmado el paso a retiro de los generales relevados esta semana de sus cargos por la fatídica marcha de instrucción que realizó un grupo de conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 «Huamachuco» en Putre, donde uno de ellos falleció y a otro debieron amputarle una mano. Tras la reunión efectuada en la tarde de este viernes 10 de mayo en La Moneda, con la presencia, además del Presidente Gabriel Boric, de la ministra de Defensa, Maya Fernández, se pidió al Ejército que colabore con las familias y entregue todos los antecedentes para aclarar lo ocurrido. La secretaria de Estado sostuvo que Boric «ha sido muy claro en decir que se requiere verdad, justicia y, sobre todo, que las familias sepan todo lo que ha ocurrido con sus hijos».
Remarcó Fernández que, al menos en este caso, se trata de «jóvenes que en su gran mayoría eran voluntarios que se inscribieron para servir a la Patria», por lo que «el Estado y el Ejército, que los tiene bajo su mando, deben garantizarles protección». Agregó que se había programado «una mesa de trabajo, liderada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para la revisión de protocolos, porque no queremos que estos hechos ocurran en ninguna parte de Chile». También comunicó que el Presidente Boric aceptó «la propuesta de renuncia» del general Rubén Castillo, jefe de la VI División del Ejército, y del coronel Sebastián Silva, comandante de la Brigada «Huamachuco», cuyos retiros pidió Iturriaga tras relevarlos de sus cargos esta semana.
El comandante en jefe de la institución castrense había admitido que hubo indicios de «falsedades y tergiversaciones» en las versiones preliminares entregadas por los mandos de la fatal marcha de instrucción militar, que tuvo lugar a fines del mes pasado en Putre, en el extremo norte y en pleno altiplano andino. La investigación está a cargo de la ministra en visita Jenny Book, quien actualmente integra la Corte de Apelaciones de Santiago y preside la Corte Marcial, habiendo sido designada por la Corte Suprema tras solicitud de la Fiscalía Militar. No obstante, se debate aún si el caso debiera pasar a la justicia ordinaria y ser llevado por el Ministerio Público, que solicitó el INDH al querellarse por el delito de apremios ilegítimos.
