* Las diligencias se realizaron en Santiago —particularmente en Barrio Meiggs—, además de La Florida, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y Colina. También hubo otras en la Región de Valparaíso. Detrás de las pesquisas aparecen nexos a un nombre conocido: Xinping Wang, empresario protagonista del caso Chinamart y que saltó a la palestra por sus vínculos con el lobista Bo “Emilio” Yang.
Una serie de allanamientos de casinos clandestinos y departamentos ligados a la mafia china que opera en Chile, realizó la madrugada de este jueves la PDI, por orden de la Fiscalía Supraterritorial. De acuerdo con la información recabada por Informe Especial, los dardos del Ministerio Público van dirigidos a profundizar los alcances de la red de lavado de activos de la agrupación delictual Hongmen; a la fecha, algunos de sus miembros se encuentran detenidos por delitos de secuestro y blanqueo de capitales en la llamada operación Muralla Oriental, que estalló en diciembre pasado.
Al mismo tiempo, se busca establecer los alcances financieros delictivos de reconocidos empresarios de la comunidad china en Chile. Todo ello, como parte de la operación Muralla Oriental II. Es así que uno de los sitios a los que llegó la PDI fue a Gorbea 2707, en pleno barrio Meiggs. Dicho recinto, además de ser un edificio residencial, se hizo conocido por alojar las instalaciones del mall Chinamart, propiedad de Xingping Wang, reconocido empresario de la comunidad asiática. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el principal departamento allanado es propiedad de la empresaria Xinxin Ye, quien a su vez registra otro domicilio comercial vinculado al lobbista chino Bo “Emilio” Yang, que saltó a la palestra en 2025 por sus vínculos con la senadora del PC, Karol Cariola.
Los casinos clandestinos
Otra de las direcciones a las que ingresó la PDI fue Alameda 3570, donde funcionaba un casino clandestino. En ese mismo lugar también fijó domicilio Xinxin Ye, quien fue objeto de una querella de la Municipalidad de Estación Central en 2019 por la rotura de sellos instalados en un centro de juegos ilegal a pocos metros de este último. La causa en cuestión fue archivada. En esa misma acción legal aparece querellado Yongsheng Chen, quien a principios de la década pasada fue contratado por Comercial Chang Hai, cuyo propietario es precisamente Xingping Wang, el dueño de Chinamart.
El nombre de este último consta —además— en una investigación de la Fiscalía Centro Norte por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La principal víctima de dichos delitos sindicó a Xinping Wang como el jefe detrás del lider operativo de la red, identificado como Lin Ping, quien ya está en prisión preventiva y con un juicio en curso que próximamente debería determinar una condena. Adicionalmente, los detectives dirigieron sus pasos a Sazie 2557, hasta un departamento en el sexto piso donde registra domicilio comercial Meixiang Li, socia de una empresaria china —de nombre Jing Wang— condenada en la década pasada por el delito de tráfico de migrantes, en cuyo caso fue sujeto de investigación el exsenador DC Andrés Zaldívar.
En San Miguel, en tanto, los detectives llegaron a otro casino ubicado en Gran Avenida 4850. En dicho lugar funcionaba un centro ilegal de juegos a nombre de Wuxing Lin, quien mantiene vínculos societarios con Min Chen, presidente de la Asociación Gremial Sociedad Chilena de Comercio Chino Hongmen. El vicepresidente de dicha entidad, Guosheng Chen, se encuentra en prisión preventiva por el delito de secuestro a un empresario chileno ocurrido en 2024 y funge como miembro activo del gremio que —de acuerdo con la información que maneja la Fiscalía— sería la fachada de la organización criminal. Las otras direcciones que allanó la PDI se ubican en Pudahuel, Colina y Pedro Aguirre Cerda, además de otras en la región de Valparaíso, cuyas diligencias arrojaron numerosas detenciones.
Con todo, según los investigadores, la operación permitió afectar el patrimonio y la estructura operativa de la organización. Más allá de la operación de casinos clandestinos y el lavado de dinero, también estarían vinculados a delitos de asociación criminal, contrabando e infracción a la Ley de Armas. Las salas de juego ilegal allanadas fueron objeto de clausura y, además, se realizó fiscalización de mercancías presuntamente ingresadas al país mediante contrabando.
