La trágica muerte de un niño de 12 años en una encerrona en San Bernardo —un caso donde se indaga la participación de menores de edad— reabrió con fuerza un debate urgente sobre la seguridad y la impunidad en Chile. Ante este escenario, un grupo transversal de alcaldes de la Región Metropolitana alzó la voz para exigirle al Gobierno y al Congreso tramitar con urgencia las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084).
Los alcaldes Camila Merino (Vitacura), Sebastián Sichel (Ñuñoa), Jaime Bellolio (Providencia), Carol Bown (San Miguel) e Isabel Valenzuela (Colina) se unieron para presionar por el avance de esta iniciativa, que hoy se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado. El proyecto, impulsado originalmente por parlamentarios de Renovación Nacional, busca actualizar un marco legal que, según los jefes comunales, quedó completamente obsoleto frente a la actual crueldad delictual.
El diagnóstico de Vitacura: «Un sistema que promueve la impunidad»
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), fue tajante al señalar que la tragedia de San Bernardo se pudo haber prevenido de haber reaccionado a tiempo como Estado. La jefa comunal alertó sobre una realidad que golpea directamente a su comuna y que se replica en toda la capital:
«Hoy vemos que los menores están cometiendo delitos cada vez más violentos. En el caso de Vitacura, el 70% de los delitos son cometidos por menores de edad; son detenidos, pero quedan en libertad y siguen delinquiendo de forma aún más violenta. No queremos seguir lamentando muertes». — Camila Merino, alcaldesa de Vitacura.
Merino criticó con dureza el sistema actual, explicando que el régimen de «libertad asistida especial» —el más utilizado por los jueces— ha fracasado en la práctica. «Hay que ponerle un freno a la violencia. Estos jóvenes al final están delinquiendo porque saben que no tienen ninguna pena», insistiendo en que los delitos violentos deben castigarse obligatoriamente con régimen cerrado.
Ñuñoa y la «crónica de un desastre anunciado»
Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind.), calificó lo ocurrido en San Bernardo como la consecuencia lógica de un Estado ausente y fallido, donde los ciudadanos terminan pagando los costos de la ineficacia del sistema.
«Si hay un menor de edad que comete un delito con violencia, no debería poder optar a un régimen abierto», enfatizó Sichel. El edil apuntó a que el sistema comete una «doble falla» cuando, además de no lograr reinsertar al joven, decide liberarlo de manera inmediata tras cometer un acto violento, dejándolo libre para volver a atacar.
Los pilares de la reforma que espera el Senado
La modificación legal busca subsanar la agudización de la violencia juvenil mediante un marco sancionatorio mucho más severo y adaptado a la realidad actual de las bandas criminales. Entre sus puntos clave destacan:
- Fin al régimen abierto en delitos graves: Intensificar las sanciones de internación en régimen cerrado con programas de reinserción social reales.
- Nuevas reglas para mayores de 16 años: Adecuar los criterios para determinar las penas en este tramo de edad.
- Criterios de internación provisoria: Incorporar reglas procesales estrictas para asegurar la prisión preventiva de menores peligrosos durante la investigación.
- Fin de los beneficios por «conducta anterior»: Impedir que los menores de 16 años puedan configurar la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando cometan delitos graves.
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