Una severa crisis institucional golpea al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) expusiera una extensa lista de irregularidades en la ejecución del Censo de Vivienda 2024. El informe revela desde la contratación de personal con antecedentes penales y extranjeros inhabilitados, hasta millonarios pagos por servicios no acreditados y un deficiente manejo de miles de equipos tecnológicos que terminaron arrumbados en bodegas.
Contrataciones bajo la lupa: Antecedentes penales y expulsiones pendientes
Uno de los hallazgos más alarmantes del ente regulador apunta a la seguridad y rigurosidad del proceso de reclutamiento. Según el informe, el INE contrató a 16 personas que registraban antecedentes penales por delitos graves como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
La Contraloría detalló que en 6 de estos casos, los trabajadores presentaron certificados que explicitaban sus condenas; sin embargo, la empresa externa a cargo de la selección no validó los documentos ante el Registro Civil. En los otros 10 casos, el INE ni siquiera acreditó haber solicitado los antecedentes antes de firmar los contratos.
A esto se suma la contratación de 14 ciudadanos extranjeros que no contaban con los permisos legales para trabajar en Chile. Entre ellos, cinco tenían sus residencias temporales o definitivas revocadas y, de manera insólita, uno de ellos mantenía una orden de expulsión administrativa vigente del territorio nacional. Asimismo, más de 130 coordinadores y gestores administrativos ejercieron sus funciones sin que el organismo pudiera demostrar que contaban con los estudios y títulos mínimos requeridos para el cargo.
Estas negligencias en los filtros de selección debieron significar multas por más de $131 millones en contra de las consultoras de recursos humanos contratadas para el reclutamiento, cobros que el INE jamás ejecutó.
Millonarios pagos en el aire y «censistas fantasma»
El aspecto financiero del informe arroja sospechas sobre el destino de los recursos públicos. La CGR determinó que el servicio no pudo acreditar que 515 censistas realizaran efectivamente las tareas para las cuales se les contrató, lo que se tradujo en un desembolso no justificado de $166.356.508.
En la misma línea de descontrol, se descubrió que el 1 de mayo de 2024 —jornada en la que no se realizaron labores censales en terreno— el INE pagó $134.243.088 bajo el concepto de traslado de funcionarios y censistas, un gasto que carece de todo sustento técnico.
La infraestructura tampoco escapó a las irregularidades: se suscribieron 77 contratos de arriendo de oficinas a nivel nacional sin estudios previos que justificaran la elección de esos inmuebles por sobre opciones más económicas. Además, cinco de estos contratos se extendieron por 12 meses cuando el proceso censal duró solo cinco, provocando una pérdida neta de $49.430.231.
Conflicto de interés y doble sueldo
La auditoría también detectó un grave conflicto de interés en la cima del proceso de licitación: una exasesora del INE participó activamente como experta en la comisión evaluadora que adjudicó millonarios contratos, a pesar de que figuraba simultáneamente como representante legal de una de las empresas oferentes.
Por otra parte, se identificó a 267 personas que trabajaron para el Censo estando contratadas al mismo tiempo por otras instituciones del Estado entre marzo y junio de 2024. Al no haber transparentado esta situación mediante la declaración jurada obligatoria, la Contraloría derivó estos antecedentes de manera directa al Ministerio Público ante la sospecha de delitos administrativos o fraude.
Miles de celulares y computadores en el olvido
La falta de planificación también afectó los activos tecnológicos adquiridos para el proceso. El INE compró 4.588 computadores y 37.529 smartphones que, una vez terminado el Censo, pasaron cinco meses guardados en bodegas arrendadas sin un destino claro. Un año y medio después del inicio del proceso, en noviembre de 2025, un remanente masivo de 484 computadores y 29.226 teléfonos inteligentes continuaba abandonado en dependencias de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Las consecuencias legales
Ante la gravedad de los hechos, la Contraloría General de la República ordenó la apertura inmediata de un sumario administrativo dentro del INE para determinar las responsabilidades políticas y técnicas de las jefaturas involucradas.
Junto con esto, el organismo fiscalizador ya formuló un reparo formal por $315.645.819 destinados a recuperar los fondos públicos mal utilizados, otorgó un plazo de 60 días hábiles a Bienes Nacionales para dar salida a los miles de equipos guardados, y remitió el informe completo a la Fiscalía para que se inicien las investigaciones criminales pertinentes.
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