En una jornada marcada por intensos debates y divisiones políticas, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto «Escuelas Protegidas», una de las apuestas regulatorias clave del Ejecutivo para frenar la violencia y mejorar la seguridad dentro de los recintos educacionales del país.
Tras sortear con éxito su tercer trámite constitucional, la iniciativa fue aprobada en general por 105 votos a favor y 46 en contra, ratificando las modificaciones clave que introdujo el Senado, a pesar de la fuerte resistencia de los partidos oficialistas.
Un quiebre en las fuerzas políticas
El avance de la ley dejó en evidencia una profunda fractura en los bloques parlamentarios. Mientras que los votos de la Democracia Cristiana resultaron decisivos para sellar la aprobación, las bancadas del Frente Amplio, el Partido Comunista, el PS y el PPD votaron en bloque en contra y anunciaron múltiples reservas de constitucionalidad, argumentando posibles vulneraciones a los derechos estudiantiles.
A pesar de los pronósticos que adelantaban una posible Comisión Mixta, la Cámara terminó visando las enmiendas del Senado por amplia mayoría. Entre ellas, las modificaciones a los artículos 1 y 5 contaron con un respaldo superior a los 100 votos, registrando solo la particular abstención del diputado independiente René Alinco.
Los dos pilares clave de la nueva ley
Al cierre de la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el resultado y detalló los dos cambios estructurales que el Senado incorporó al proyecto y que ahora formarán parte de la legislación:
- Pérdida de gratuidad por delitos: Quienes cometan delitos graves (contra la vida o la propiedad) en el contexto escolar perderán el beneficio de la gratuidad universitaria, o quedarán inhabilitados para postular a él, por un plazo de cinco años. «Eso no implica que no van a poder ingresar a la educación superior. Lo único que implica es que no van a poder hacerlo en virtud de este beneficio», aclaró la secretaria de Estado.
- Protocolo para revisión de mochilas: Se reguló la inspección de pertenencias diferenciando los controles masivos de las revisiones privadas. Para resguardar la integridad del menor, si un alumno debe ser inspeccionado en una sala privada, el proceso exigirá obligatoriamente la presencia de dos adultos y el levantamiento de un acta oficial.
24
