El debate sobre si el Gobierno del Presidente José Antonio Kast cuenta o no con un plan propio para enfrentar la crisis delictiva parece haber encontrado una respuesta oficial, aunque no exenta de suspicacias políticas. Tras encabezar su primer comité sectorial, el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, despejó las dudas que tensionaban a su cartera luego de la cuestionada gestión de su antecesora, Trinidad Steinert. ¿La definición? El Ejecutivo no diseñará un plan desde cero; operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2025-2031, un instrumento de Estado heredado de la administración de Gabriel Boric.
«Esa política está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura seis años, y nosotros creemos que es suficiente y amplia», afirmó Arrau, recordando que la Ley 21.730 —que dio vida a su propio ministerio— obliga a ceñirse a este marco legal al que aún le quedan más de cinco años de vigencia.
La decisión levantó inmediatas críticas desde la oposición. Voces como la de la exministra Camila Vallejo acusaron una supuesta «falta de programa» por parte de la derecha. No obstante, desde el oficialismo defienden la medida como un acto de pragmatismo institucional, asegurando que Arrau imprimirá su propio sello estratégico, el cual será expuesto ante el Senado el próximo 2 de junio.
Una ley con dos almas: El origen del Ministerio
La paradoja de que un gobierno de derecha implemente una política diseñada por la izquierda es, en realidad, el reflejo de un largo viaje legislativo que unió a los dos extremos del espectro político chileno:
- La génesis (Sebastián Piñera, 2021): En septiembre de 2021, el expresidente Sebastián Piñera firmó el proyecto original. Su objetivo era romper la vieja lógica de que la seguridad dependía exclusivamente de las policías, separando la cartera de Interior para crear un ministerio técnico y especializado que pusiera el foco en la coordinación civil y la prevención.
- La promulgación (Gabriel Boric, 2025): En enero de 2025, el expresidente Boric promulgó la ley definitiva. Manteniendo la esencia de Piñera, la administración de centroizquierda robusteció la normativa exigiendo una estrategia explícita contra el crimen organizado y el terrorismo, además de robustecer la arquitectura del Estado con herramientas inéditas.
La herencia tecnológica: La Ley 21.730 dejó estructurada la creación del CICPOL (Centro Integrado de Coordinación Policial) para operaciones complejas, y el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, una plataforma unificada de emergencias inspirada en el 911 estadounidense para coordinar policías, ambulancias, municipios y Fuerzas Armadas.
La hoja de ruta hacia 2031
El decreto que hoy adopta el equipo de Kast fue firmado en octubre de 2025 por Boric y su entonces ministro, Luis Cordero, concebido explícitamente como una «hoja de ruta institucional» blindada contra los vaivenes políticos y sujeta a una estricta rendición de cuentas democrática.
Con un diagnóstico complejo sobre la mesa —caracterizado por índices de victimización estables pero con un alarmante aumento en la violencia de los delitos y el temor ciudadano—, la política nacional mandata al actual Gobierno a actuar bajo seis pilares fundamentales:
| Ámbito | Foco Estratégico |
| 1. Juventud | Prevención temprana en niñez, adolescencia y juventud. |
| 2. Territorio | Intervención y prevención focalizada en los barrios. |
| 3. Control | Fiscalización y contención directa del delito. |
| 4. Justicia | Persecución penal focalizada y eficiente. |
| 5. Reinserción | Sanciones efectivas, control de cárceles y reinserción social. |
| 6. Víctimas | Canales de atención y protección integral a los afectados. |
Este entramado institucional, diseñado para ser evaluado y ajustado cada dos años, se convierte ahora en el tablero de ajedrez donde el ministro Martín Arrau deberá mover sus piezas. La Moneda apuesta a que el rigor técnico de la ley aprobada por sus antecesores sea el paraguas perfecto para desplegar, sin perder tiempo en burocracia, la impronta de seguridad que prometió el Presidente Kast.
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