La brutalidad registrada en el Liceo La Asunción no puede despacharse con el simple trámite de «activar protocolos». Las imágenes que circularon no son solo registros de una riña escolar; son la evidencia de un nivel de violencia desbordada que dejó un saldo alarmante: 21 personas heridas, entre estudiantes y docentes, que terminaron en centros asistenciales constatando lesiones.
Ante esta crisis, la diputada Marlen Pérez fue categórica al denunciar la inacción de la justicia:
«Es absolutamente inaceptable. Estamos ante hechos de una magnitud extrema y, sin embargo, la señal para la comunidad educativa es de total impunidad: hoy no hay ni un solo detenido, nadie pasó a control de detención. No podemos permitir que el riesgo de muerte o las agresiones graves se conviertan en el paisaje cotidiano de nuestras escuelas».
Acciones urgentes y reformas legales
Para la parlamentaria, la solución requiere dejar atrás la tibieza administrativa y avanzar en tres frentes críticos:
- Sanciones Ejemplares: El establecimiento debe aplicar medidas drásticas que protejan el derecho de la mayoría a estudiar en paz.
- Reformas al Código Penal: Urge robustecer proyectos como Escuela Segura y las modificaciones legales —ya aprobadas en la Cámara— para que los delitos cometidos dentro de recintos educativos cuenten con agravantes específicas.
- Responsabilidad Parental: Pérez enfatizó que las familias no pueden ser espectadoras. Su proyecto de ley busca que los padres asuman la responsabilidad legal cuando sus hijos protagonicen actos de violencia extrema.
Fiscalización en marcha
La diputada ya formalizó un oficio a la Seremi de Educación para exigir transparencia sobre el seguimiento de la Superintendencia y las medidas de seguridad inmediatas que se implementarán en Talcahuano.
«La justicia debe actuar con dureza», concluyó la legisladora, reafirmando que la prioridad debe ser devolverle el aula a quienes van a enseñar y aprender, no a quienes la transforman en un campo de batalla.
