Cobra singular importancia avanzar en una agenda que contemple un conjunto de medidas políticas, legislativas y administrativas orientadas a desplegar esfuerzos sostenidos en materia de modernización del Estado. No se trata, en ningún caso, de establecer un punto de llegada definitivo. Más bien, se trata de asumir, parafraseando a O’Donnell y en sintonía con la noción de “buen gobierno” de Rosanvallon, que estamos frente a un proceso permanente, siempre tensionado entre la esperanza y la insatisfacción.
Si la democracia, en la.dimensión del ejercicio, como sostiene Rosanvallon, proyecta un horizonte que nunca se agota, el Estado, como su principal instrumento operativo, también lo hace. Cada reforma constituye, entonces, un avance necesario pero siempre incompleto. La modernización del Estado no es una meta alcanzable en términos absolutos, sino un esfuerzo continuo, inacabado. Como advertía Voltaire, nunca podremos dejar de cultivar el huerto.
Desde esa perspectiva, es justo reconocer que Chile ha desarrollado, a lo largo de su historia republicana y especialmente en las últimas décadas, esfuerzos significativos en esta dirección. Sin embargo, los datos recientes advierten señales de alerta. El retroceso en el índice de Calidad Regulatoria del Banco Mundial, que pasó de 1,35 a 0,78 en la última década, refleja una percepción de debilitamiento en la capacidad del Estado para formular e implementar políticas que fomenten el desarrollo del sector privado. Aun así, el país mantiene una posición relativamente favorable: lugar 39 a nivel mundial y el primero en América Latina. Este contraste revela, con claridad, que no partimos desde cero, pero tampoco podemos conformarnos.
El desafío de fondo es otro: una crisis profunda de confianza interpersonal e institucional que tensiona la legitimidad del ejercicio del poder público, particularmente en el nivel ejecutivo, dada la naturaleza presidencial de nuestro sistema político. En este contexto, mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a demandas ciudadanas crecientes no es solo una cuestión de eficiencia, sino una condición indispensable para fortalecer la democracia. Rosanvallon propone tres pilares para el buen gobierno, el primero de ellos, la legibilidad, resulta especialmente pertinente. No basta con garantizar transparencia y acceso a la información; se requiere, además, que las decisiones del Estado sean comprensibles para la ciudadanía. La Ley 20.285 ha sido un avance relevante, pero insuficiente. Es necesario robustecer una institucionalidad capaz de traducir, simplificar y hacer inteligible la acción pública, especialmente en un ecosistema mediático tensionado por la desinformación y la inmediatez de las redes sociales. La comunicación pública debe evolucionar desde esquemas verticales hacia modelos que integren participación y co-creación de políticas públicas.
El segundo pilar, la responsividad, nos enfrenta a la capacidad efectiva del Estado para responder con oportunidad y pertinencia. Aquí, la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado abre una ventana de oportunidad que debe ser profundizada. La interoperabilidad entre servicios públicos es una condición básica para superar la fragmentación institucional que hoy ralentiza la acción estatal. En esta línea, se vuelve necesario avanzar en una Ley de Gestión de Datos que permita ordenar, compartir y utilizar información pública de manera estratégica, siempre resguardando la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo, resulta pertinente revisar y perfeccionar el proyecto de ley que crea una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Competitividad, incorporando la obligatoriedad de evaluaciones de impacto ex ante para las iniciativas legislativas. No es razonable seguir legislando sin medir adecuadamente las consecuencias de las decisiones públicas, particularmente cuando estas inciden en el desarrollo económico y social, las decisiones deben adquirir base en evidencia y por otra parte la agencia debe contar con herramientas de gestión que presionen a la consideración de los hallazgos u obligue a responder a los tomadores de decisiones. A ello se suma la urgencia de recuperar la senda de la responsabilidad fiscal, no sólo como un imperativo técnico, sino como un compromiso político con las futuras generaciones, en línea con la responsabilidad. En paralelo, avanzar hacia marcos regulatorios más eficientes, en la línea planteada por Jeannette Von Wolfersdorff, implica desburocratizar el Estado sin debilitar su capacidad reguladora. Ventanillas únicas, plazos acotados de respuesta y un estatuto claro para la inversión son herramientas concretas que pueden marcar diferencias sustantivas.
Una reforma profunda al estatuto administrativo y una Ley de contratación pública que reconozca las capacidades y el mérito, orientada a la eficiencia y eficacia, construida en conjunto con las asociaciones de funcionarios. Finalmente, el fortalecimiento del Estado requiere también impulsar ecosistemas de innovación y gobernanzas colaborativas, capaces de articular actores públicos, privados y de la sociedad civil en distintos niveles territoriales. Los problemas públicos actuales son demasiado complejos para ser abordados desde estructuras rígidas y jerárquicas. Se requiere flexibilidad, coordinación y, sobre todo, voluntad política.
La modernización del Estado, en suma, no es una consigna técnica ni un ejercicio retórico. Es una tarea política de primer orden, directamente vinculada con la calidad de nuestra democracia y con la posibilidad de construir un proyecto de desarrollo inclusivo y sostenible. En tiempos de definiciones electorales, convendría preguntarnos no solo qué Estado tenemos, sino qué Estado estamos dispuestos a construir. Porque, al final del día, la fortaleza de nuestras instituciones dependerá siempre del ejercicio consciente y responsable de nuestra vida cívica.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero comercial, Postgrado en Ciencias Políticas UdeC, Diplomado en Modernización del Estado
