La diplomacia no es un ejercicio de buenas intenciones ni un foro de encendida retórica estudiantil; es, ante todo, una lectura pragmática de la realidad y sus riesgos. La reciente revocación de visas al ministro Juan Carlos Muñoz y a la cúpula de las telecomunicaciones chilenas por parte de la administración Trump no es un ataque a la nación, como ha intentado victimizarse La Moneda. Es, en rigor, un «tatequieto» personalizado a una administración que parece haber olvidado que en la guerra fría tecnológica del siglo XXI, la ingenuidad se paga y se paga cara.
El proyecto «Chile-China Express» ha sido presentado por el Gobierno como un hito de «soberanía digital». Sin embargo, bajo la lupa de la inteligencia global, lo que Boric llama soberanía, Washington lo lee como una puerta trasera para el espionaje permanente. Al intentar sellar una alianza estructural con China Mobile, el Ejecutivo chileno no solo ignoró las advertencias explícitas del embajador Brandon Judd, sino que desestimó una década de informes técnicos de la Federal Communications Commission (FCC) que catalogan a la estatal china como un brazo del aparato de inteligencia de Beijing.
¿Soberanía o negligencia estratégica?
El Presidente Boric, desde la distancia de Rapa Nui, calificó la sanción como «inaceptable». Pero, ¿qué es lo realmente inaceptable?
- Inaceptable es que Chile, un aliado histórico de Estados Unidos, pretenda ignorar que la ley china obliga a sus empresas a cooperar en labores de espionaje donde sea que operen.
- Inaceptable es que se ponga en riesgo la confianza estratégica del hemisferio por un cable redundante que pudo resolverse con socios menos cuestionados, como ya se hizo con el cable Humboldt.
La respuesta del canciller Van Klaveren, apelando a la «vulneración de la soberanía», suena a música de otra época. Estados Unidos no está cuestionando el derecho de Chile a conectarse; está ejerciendo su propio derecho soberano de decidir quién entra a su país y con quién comparte su red de seguridad. Al sancionar directamente a los individuos —Muñoz, Araya y Petersen— y no al Estado chileno con aranceles o bloqueos, Marco Rubio ha enviado un mensaje quirúrgico: el problema no es el país, es la gestión de sus autoridades.
Un legado bajo sospecha
La terquedad de la Subtel y el Ministerio de Transportes por avanzar en el «Chile-China Express» pese a las señales de alerta —que incluyeron hackeos directos a la cúpula republicana en 2024— revela una desconexión alarmante con la realidad geopolítica actual. El Gobierno intentó jugar al «multilateralismo» en un terreno donde las líneas rojas están trazadas con fuego.
Hoy, Chile se encuentra en un escenario de incertidumbre inédito. Tenemos a un ministro y a un subsecretario en una lista negra migratoria, una deshonra usualmente reservada para funcionarios de regímenes autoritarios, gobierno narcos, administraciones terroristas o estados fallidos. Este no es un costo que deba pagar el pueblo chileno; es una factura que le llega directamente a una administración que, en su afán de marcar una «independencia» mal entendida, terminó empañando el legado de su gestión y trizando el cristal de nuestra relación más estratégica.
Al final del día, la pregunta no es si Chile tiene derecho a elegir sus cables. La pregunta es si Chile puede permitirse un Gobierno que, por ceguera ideológica o negligencia técnica, nos deje desconectados del mundo que comparte nuestros valores democráticos fundamentales. La «soberanía» no se defiende entregando los datos de la región a una potencia totalitaria; se defiende con inteligencia, prudencia y aliados confiables. Todo lo que, en este episodio, brilló por su ausencia.
Pepo Sepúlveda
Periodista-MBA
