Justicia para Julio: Familia de buzo fallecido en Tomé -tras ser succionado por un estanque de Essbío- anuncia tres acciones legales: en lo penal, civil y laboral

En un emotivo pero firme paso legal, la familia del buzo comercial, Julio Alexander Alfaro Arriagada ingresó la primera querella criminal por cuasi delito de homicidio, por ahora. Denuncian que la succión -que terminó con la vida del buzo en un estanque de Essbio- ocurrió en medio de una mantención «imprudente» y sin protocolos mínimos de seguridad el jueves 22 de enero de 2026.
El Trabajador
El joven buzo era soletero «falleció sin dejar hijos, no alcanzó a dejar descendencia por lo que vamos a interponer una acción por el daño de agonía en representación de sus padres y después vamos a interponer una demanda por indemnización de perjuicios en contra de la empresa contratista y la mandante porque ambas deben responder directa y solidariamente por los daños causados y sobre todo por la falta de coordinación. No sacan nada con culparse entre ambas. Aquí lo que es claro es cualquiera de las dos (firmas Essbío y Ápala Marine) debieron de haber adoptado todas las medidas para que cuando el buzo estuviera bajo la superficie no se pudieran en marcha las bombas y además el ducto debió tener rejilla y no lo tenía. En esas condiciones no era prudente enviar al buzo a trabajar en ese sector», aseguró el abogado Rafael Poblete, representante de la familia de la víctima.

La tragedia de la planta de tratamiento en el cerro Estanque de Tomé ha escalado a los tribunales. Este jueves, la familia de la víctima dio inicio a la primera de tres acciones legales que buscan determinar las responsabilidades penales, civiles y laborales tras la muerte del trabajador de 32 años. La querella está dirigida a todos quienes resulten responsables. Es decir, la empresa contratista y la empresa mandante que en este caso es Essbío.

Una mantención bajo sospecha

El abogado, Rafael Poblete, fue tajante al describir las condiciones en las que se realizó el procedimiento. Según el profesional, la mantención ejecutada por Essbio fue programada —no constituyó una emergencia— y se llevó a cabo en un contexto crítico de incendios forestales, lo que debió extremar las precauciones.

Poblete detalló una serie de fallas que califica como negligencias constitutivas de delito:

  • Falta de bloqueo: Las válvulas del ducto no estaban bloqueadas durante la inmersión.
  • Seguridad inexistente: La rejilla del ducto carecía de protección, lo que permitió la succión del buzo.
  • Supervisión mínima: Denuncian que solo había un operador de Essbio presente y que la planificación fue improvisada.

«Fue una acción imprudente. La empresa contratista fue llamada con sólo un día de antelación y no hubo una planificación real de las labores», puntualizó el jurista.

«La Ley Julio»: El legado que busca la familia

Carla Arriagada Barra, madre del joven, recordó a su hijo no solo como un profesional con más de diez años de experiencia, sino como un hombre «minucioso y responsable». Para ella, el accidente no fue un infortunio, sino el resultado de la desidia de dos grandes empresas. «Yo quiero que con esto, la muerte de mi hijo no sea una noticia más que después quede en el olvido. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí buscamos responsables y justicia, nada más que eso. El dolor se vive a cada momento». La mamá de Julio Alexander, aboga para que nunca a más a ningún buzo profesional, como su hijo, se les pase a llevar y que se respeten y ejecuten las medidas de protección.

Su dolor se ve acrecentado por lo que describe como la «indiferencia» de la sanitaria. «El gerente de la contratista me acompañó hasta el funeral, pero de Essbio nadie se ha acercado. Ni un pésame, ni un lo siento, nada», relató entre lágrimas.

La familia anunció que impulsará la «Ley Julio», una iniciativa que busca reformar los protocolos de seguridad para buzos en plantas de tratamiento, garantizando protecciones físicas en ductos y bloqueos obligatorios de succión.

El camino legal

Esta querella criminal es solo el primer paso. El equipo jurídico adelantó que en las próximas semanas se presentarán las demandas civiles por indemnización de perjuicios y la acción laboral correspondiente. El objetivo es sentar un precedente para que ningún trabajador vuelva a ser víctima de una «succión fatal» por adolecer de protocolos.

SOJ

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