Un grave caso de ética pública sacude a la Secretaría Regional Ministerial (SeremiTT) de Transportes y Telecomunicaciones del Bío Bío. El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), órgano ciudadano e independiente, ha manifestado su rotundo rechazo (Ver Carta Completa) ante la denuncia de que dos abogados activos de la institución ejercieron la defensa jurídica de la conductora responsable del atropello mortal de Martín González Stuardo.
Según el documento, de tres páginas enviado al Ministro de Transportes, los abogados Boris Merino Lavanchy (Encargado de la Unidad Legal) y Harold Bahamondes Llano (División de Transporte Público) representaron a la imputada durante meses, asistiendo a audiencias e ingresando escritos en horario laboral. El caso reviste una contradicción simbólica profunda: la conductora es procesada bajo la «Ley Toreto» por circular a 120 km/h en una zona de escuela protegida a 30 km/h., una normativa impulsada precisamente por el ministerio para el cual trabajan sus defensores.
Cuestionamientos al ex Seremi
La controversia también apunta directamente al Seremi actual, Patricio Fierro Garcés. El COSOC cuestiona su inacción frente al evidente conflicto de interés y denuncia antecedentes previos de la autoridad, incluyendo una sentencia por maltrato a funcionario público y fallos de Contraloría por cobro indebido de horas extras durante su paso por el municipio de Chiguayante.
Además, se acusa a Fierro de emitir comentarios denostativos contra la familia de la víctima en un evento público, lo que llevó a la «Corporación Martín por la Vida» a romper relaciones con la autoridad regional. El COSOC demanda ahora una auditoría urgente sobre el uso de recursos públicos y normas estrictas que impidan que defensores del Estado litiguen en contra de los objetivos de sus propias instituciones.
La Ética Pública
Para los miembros del Consejo de la Sociedad Civil, el caso de la SeremiTT de Transportes del Bío Bío «no es solo una falta administrativa; es el síntoma de una desconexión profunda entre la misión institucional y la praxis de sus funcionarios. Cuando el Estado defiende lo que debe perseguir, la legitimidad del sistema se quiebra».
El análisis de la misiva y sus documentos adjuntos revelaría un escenario de captura institucional y falta de control jerárquico que desvirtúa la función pública. A continuación, los ejes críticos de esta crisis:
1. La Paradoja de la «Ley Toreto»
La carta afirma que resulta «éticamente insostenible que el mismo organismo que promueve la seguridad vial y el endurecimiento de penas para conductores temerarios, albergue en su seno la defensa de una imputada que violó flagrantemente estas normas (120 km/h en zona de 30 km/h). El uso de horas laborales para fines privados de defensa no es solo un mal uso de recursos; es una traición al «espíritu del funcionario público» centrado en la probidad y el interés general.
2. El Perfil de la ex Autoridad: Antecedentes y Gestión
La figura de Patricio Fierro aparece en la misiva como un punto de fricción constante. Los documentos, según el COSOC, revelan un historial de gestión conflitivo:
- Sentencia por Tutela Laboral: Registros de tratos denostativos (insultos y amenazas) hacia subordinados en cargos previos.
- Fallo de Contraloría: Observaciones por cobros de horas extras sin fundamento.
- Falta de Empatía Institucional: El Cosoc describe una «falta de cuidado» hacia la familia de la víctima, priorizando explicaciones técnicas sobre el respeto a la dignidad humana.
Resumen de la Controversia
| Actor | Cargo / Rol | Hecho Cuestionado |
| Boris Merino L. | Encargado Unidad Legal | Defensa privada de imputada en horario laboral. |
| Harold Bahamondes | Profesional Transporte Público | Defensa privada. |
| Patricio Fierro G. | SeremiTT Bío Bío | Antecedentes de maltrato e inacción ante conflicto de interés. |
| Ministerio / CONASET | Institución Central | Respuestas simbólicas sin soluciones administrativas concretas. |
Conclusión: El Riesgo de la Impunidad Normalizada
Para el COSOC la supuesta inacción de las autoridades frente a estos hechos envía un mensaje devastador: que los recursos del Estado son «elásticos» y que la lealtad institucional es opcional. Para restaurar la confianza, la Subsecretaría de Transportes no puede limitarse a auditorías de horarios; requiere un blindaje ético que garantice que ningún funcionario use el poder o el tiempo del Estado para debilitar las políticas que el mismo Estado juró proteger.
«La ciudadanía debe ser representada por autoridades que no sólo respeten la Ley, sino que la honren con su ejemplo».
Carta Íntegra del COSOC
Nota de la Redacción: Las personas aludidas en este informe fueron mencionadas por el COSOC. No están siendo investigadas en un proceso administrativo o penal. Se trata de un cuestionamiento de parte del Conejo de la Sociedad Civil.
